Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El Movimiento Indígena Maya ha presentado una demanda colectiva contra Calica (propiedad de la estadounidense Legacy Vulcan) por: “graves violaciones al medio ambiente y salud de las niñas y los niños de las comunidades rurales de Quintana Roo”. El proyecto minero de Quintana Roo está en el centro de un arbitraje de inversiones presentado por la estadounidense Legacy Vulcan contra México por causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones.

La comunidad indígena demandante denuncia enfermedades pulmonares en los menores, que presentan asma y que achacan al polvo levantado por la explotación minera (ver “Causó daño Calica en niños indígenas“, Marco Antonio Barrera, Luces del Siglo, 25.10.2022).

El Movimiento Indígena Maya pide el cierre definitivo de la mina, la devolución del puerto de Punta Venado y un resarcimiento de los daños (ver “QRoo: Movimiento indígena interpone acción colectiva contra Calica“, Ana Ramírez, La Jornada Maya, 24.10.2022).

Por otro lado, la comunidad maya denuncia la alteración del flujo de ríos subterráneos, la devastación del suelo y del subsuelo e impactos en la biodiversidad y en las fuentes acuíferas (ver “PUEBLOS ORIGINARIOS: Presentan acción legal contra Calica“, Leslie Gordillo/Noticaribe Peninsular, 24.10.2022).

La demanda de arbitraje de Vulcan

La estadounidense acusa a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del TLCAN. Legacy Vulcan reclama 500 millones de dólares ante un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

Con Calica, la minera extrae piedra caliza en Quintana Roo para exportar a EE.UU. y proveer de materiales de construcción y desarrollo portuario en este Estado, Legacy Vulcan reclama, entre otros, el embargo de fondos de cuentas bancarias “para satisfacer obligaciones tributarias controvertidas”, a pesar, explicaba en la notificación, de la obligación del Estado de Quintana Roo de no cobrarlas hasta que no se cumpliesen ciertas condiciones.

Acusa de sustituir de forma arbitraria en 2009 el Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) del Corredor Cancún-Tulum prohibiendo extracciones en La Adelita y El Corchalito, donde Calica realizaba sus actividades.

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