Una vez formado el tribunal, la compañía portuguesa Mota Engil estaría presionando al Gobierno paraguayo para que el arbitraje que mantienen abierto tenga su sede en Chile bajo reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internaciona (Cnudmi o Uncitral). Sin embargo Paraguay quiere que todo el proceso se lleve a cabo en Asunción.
El que en principio trascendió a la prensa como arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) finalmente se administrará bajo reglamento Uncitral tal y como dicta el contrato firmado en marzo de 2016, que también recoge que el lugar del arbitraje sea Asunción, Paraguay (ver “Otra vez Mota transgrede contrato al pretender llevar arbitraje a otro país“, Víctor Ferreira, ABCColor 25.04.2020).
La sede del arbitraje está siendo motivo de desacuerdo entre las partes ya que la empresa quiere que el procedimiento se desarrolle en Chile, mientras que la Procuraduría General de Paraguay sostiene que se lleve a cabo en Asunción.
El tribunal de este arbitraje, de los dos que están activos por esta misma causa ya tiene tribunal, aunque no han trascendido los nombres de los componnetes -Mota Engil presentó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) un segundo arbitraje invocando el Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y Portugal en febrero de este año-.
El Procurador General de la República, Sergio Coscia, a propósito de la reclamación de la portuguesa de 25 millones de dólares explica que no es posible reclamar esa cantidad “de una obra que no se hizo” y sigue explicando en un documento publicado en la página web de la Procuraduría que podrían iniciar una demanda contra Mota Engil: “que no sería solamente por el incumplimiento de contrato, sino sería por los daños a los frentistas y al propio Estado paraguayo”.
El origen del arbitraje
En diciembre de 2018, el contrato de construcción con Mota Engil del sistema de transporte Metrobús en Paraguay fue finalizado por el Gobierno paraguayo con la pretensión de volver a licitar la obra en 2020 tras un nuevo estudio de infraestructura. En aquel momento ya se atisbaba el riesgo del arbitraje internacional.
