Según el informe de Fitch Ratings “Mexico Energy Initiative Negative for Private Power Producers” -Jesús Enríquez Torresdey, Diego Rodríguez y Sarah Repucci, 08.Nov.2021-, la posible aprobación de la reforma energética impulsada por el Gobierno de México, además de debilitar el estado de derecho, desalentaría futuras inversiones privadas y los inversores extranjeros se podrían apoyar en acuerdos bilaterales para impugnar la ley a través de arbitrajes internacionales.
Si la iniciativa energética para reformar la Constitución propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador finalmente se convierte en ley, las normativas energéticas aprobadas en 1992 y 2013 se revertirían y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría el control total del mercado eléctrico.
El debate de la iniciativa ha sido aplazado hasta 2022 y para convertirse en ley la reforma debe ser ratificada por dos tercios de las cámaras baja y alta del Congreso, circunstancia que se considera improbable. Sin embargo, el hecho de que esté en debate y que haya alguna posibilidad de éxito preocupa, ya que desencadenaría la cancelación de todos los acuerdos privados de compra de energía.
El informe de Fitch advierte que la aprobación supondría la supresión de la Comisión Reguladora de la Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que influiría directamente en la transparencia del sistema.
