Azteca Comunicaciones, que amenazó con llevar a Perú a un arbitraje de inversiones si rompía un contrato de concesión para un proyecto de fibra óptica, podría cumplir su amenaza ante la rescisión que finalmente ha comunicado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú.

El MTC ha resuelto el contrato de concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, firmado con Azteca Comunicaciones para diseñar, financiar, desplegar, operar y mantener los bienes de la concesión, así como la prestación del servicio portador (fase en la que se encontraba la ejecución), facilidades complementarias y prestaciones adicionales por un plazo de 20 años desde 2014.

Según la resolución, de 13 de julio de 2021, del Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento, Despliegue, Operación y Mantenimiento del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”: “existen fundadas razones de interés público por las que el Estado debe declarar la resolución del Contrato de Concesión con miras a atender esta situación. La capacidad de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se encuentra subutilizada; en el año 2020 se utilizó solo el 3.2% de su capacidad instalada y los ingresos del proyecto solo cubrieron el 7.7% de los costos en los que incurre el Estado por el cofinanciamiento. Por consiguiente, a junio de 2021, el Estado ha realizado pagos por un total de 290 millones de dólares por inversión, mantenimiento y operación, lo que representa un monto de cofinanciamiento mayor en aproximadamente 192 millones de dólares al monto estimado durante la estructuración del proyecto, ello a pesar de que no se cumple hoy con la finalidad para la cual fue diseñado. No hacerlo solo generaría perjuicios para la población y la frustración de los objetivos legítimos de política pública que fueron la base para la concepción, impulso y desarrollo de este”.

En mayo de este año Azteca amenazó con acudir a arbitraje de inversiones contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) si se resolvía el contrato de concesión de un proyecto de fibra óptica y acusaba a Perú de incurrir en expropiación indirecta.

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