Un grupo de 33 senadores y congresistas estadounidenses han enviado una carta a la Administración Biden pidiendo que mantenga su compromiso y se abstenga de negociar nuevos acuerdos comerciales que incluyan el arbitraje de inversiones. En la carta piden la intervención de Biden en apoyo de la defensa de Honduras en el arbitraje e inversiones iniciado por la estadounidense Próspera, a través de una declaración, un informe amicus curiae o cualquier otro medio.
La carta está dirigida a la representante de Comercio de EE.UU. Katherine Tai y al secretario de Estado Antony Blinken. En ella hablan del ISDS como sistema “defectuoso y antidemocrático” utilizado por las empresas “para beneficiar sus propios intereses a expensas de los trabajadores, los consumidores y las pequeñas empresas de todo el mundo”.
Piden a la Administración Biden que, en línea con el compromiso de no incluir el ISDS en ningún acuerdo comercial futuro, que sus agencias investiguen todas y cada una de las opciones a su disposición para eliminar la responsabilidad ISDS de los acuerdos comerciales y de inversión existentes.
Exponen el arbitraje de inversiones como un mecanismo utilizado por las grandes empresas multinacionales: “con el fin de otorgarse derechos y privilegios especiales que los ciudadanos de a pie no reciben”.
Hablan de los tribunales de arbitraje como “favorables a la industria”
que:
- incentivan la deslocalización,
- socavan la soberanía de Estados Unidos y de otros países,
- perjudican los derechos humanos y
- obstaculizan los esfuerzos para abordar el cambio climático.
La carta está firmada por 33 congresistas y senadores estadounidenses que establecen el caso de Honduras Próspera como ejemplo del preocupante aumento contra países de América Latina de las demandas de arbitraje de inversiones y de sus cuantías.
El arbitraje de Honduras Próspera
En la carta hacen especial hincapié en el arbitraje contra Honduras de
Honduras Próspera en el marco del Tratado de Libre Comercio Dominicana-Centroamérica (CAFTA-DR). Una reclamación de casi 11.000 millones de dólares que, resaltan, equivale aproximadamente a dos tercios de todo el presupuesto nacional del país para este año y “que obligará al país a gastar millones de dólares en defenderse por responder a la voluntad de su pueblo y hacer valer su soberanía sobre estas jurisdicciones de gobernanza especial que operan en su territorio.”
Critican la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), sistema que permitió la creación de zonas de gobernanza privada que gozan de “autonomía funcional y administrativa” del gobierno nacional, permiten a los inversores crear sus propios sistemas de gobernanza y reglamentos y establecer tribunales separados, crear jurisdicciones donde las empresas pueden proponer sus propias normas y donde la mayoría de los hondureños no pueden entrar sin autorización.
El texto polemiza profundamente sobre el sistema ZEDE.
