Las empresas iberoamericanas se comprometen en implementar el uso del arbitraje. Así lo recogen en el Manifiesto de Compromisos presentado a los Jefes de Estado y Gobierno de Iberoamérica, que celebran esta semana en Andorra la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. El Manifiesto fue leído por Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y Erol Kiresepi, presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), ante el rey de Españal Felipe VI, y los mandatarios de España, Portugal, Guatemala, República Dominicana y Principado de Andorra.
El arbitraje ha tenido un papel especial en el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), tal es así, que el compromiso de las empresas hacia éste ha quedado reflejado en el Manifiesto de Compromiso, presentado a los Jefes de Estado y Gobierno de Iberoamérica. Destacado en el punto 7, las empresas iberoamericanas se refieren al arbitraje así:
“Nuestro compromiso de implementar en el ecosistema empresarial iberoamericano el arbitraje, un instrumento ágil, flexible y económico para la resolución de conflictos, y una herramienta eficaz y segura para dar respuesta a las necesidades y retos derivados de las actividades de nuestras empresas.”
Panel: “La resolución de conflictos en el nuevo paradigma del desarrollo sostenible”
Ramón Jauregui, presidente de la Fundación Euroamérica, moderó la sesión “La resolución de conflictos en el nuevo paradigma del desarrollo sostenible”, resaltando la importancia del arbitraje en las relaciones empresariales iberoamericanas.
Javier Íscar, presidente del Centro Iberoamericana de Arbitraje CIAR, agradeció el apoyo de CEIB y SEGIB al Centro y presentó su institución formada por mandato de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de Veracruz y constituido en Buenos Aires en 2015 con el objetivo de contar con una opción dirigida a los empresarios iberoamericanos para acceder a mecanismos de la región que funcionen y transmitan confianza en el momento de enfrentar posibles conflictos.
También habló del especial acercamiento a las pymes para huir de costos excesivos y contar con un centro cercano. En relación con los nuevos desarrollos del arbitraje, explicó que: “El arbitraje ya estaba preparado para enfrentar los conflictos de manera virtual y hemos aprendido lo útil, en determinados casos, de las audiencias virtuales, del ahorro en papel, así como el incentivo en el uso de la mediación entre las empresas.” Y añadió que CIAR también está comprometido con los valores de la campaña “Greener Arbitrations” que aboga por arbitrajes más ecológicos.
María Fernanda Garza, presidenta de Orestia, México, explicó que el complejo contexto en el que se desarrollan las empresas requiere de un acceso a herramientas que faciliten estas relaciones y los conflictos derivados: “Las empresas necesitamos de certidumbre, leyes claras, marco constitucional transparente y coordinación entre poder judicial y árbitros”.
Se refirió también a las pymes, que representan una importante fuente de crecimiento económico “desaprovechada porque en muchas ocasiones no se expanden a los comercios internacionales”, el buen funcionamiento del estamento judicial es esencial para su supervivencia. Y explicó que un sistema eficaz de resolución de litigios conlleva:
- Reducir la brecha de formación de disputas.
- Familiariadad de las pymes y el arbitraje.
- Modernizar marcos legislativos.
- Tribunales locales familiarizados con el arbitraje.
- Crear nuevos mecanismos de resolución de disputas.
En relación con la sostenibilidad, para Garza, ésta conlleva un riesgo de nuevos litigios internacionales relacionados con reclamaciones sobre los efectos negativos del cambio climático en diferentes países, y aportó la previsión de su aumento en los próximos años: “Los inversores deben tener acceso a foros transparentes e independientes de resolución de controversias ante el momento de recuperación de la pandemia y de cumplimiento de los ODS.”
Gabriel Bottini, socio de Uría Menéndez, Argentina, reflexionó sobre el proceso de reforma del arbitraje de inversiones que involucra a estados e inversores extranjeros sobre cuestiones de interés público en sectores altamente regulados que interesan a la población general. En este sentido, hizo referencia a la reforma del arbitraje de inversiones trabajada desde 2017 en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi-Uncitral), con la que se pretenden acallar una serie de críticas respecto al sistema sobre:
- Asegurar en la selección y designación de árbitros imparcialidad e independencia, por lo que se avanza hacia un código de conducta mucho más estricto en materia de ética, revelación… que conlleve un sistema más saludable para las partes.
- Los problemas de corrección en laudos resueltos de manera incorrecta, o de inconsistencia cuando conflictos similares se resuelven de manera distinta, considerando un mecanismo de revisión de los laudos, en cuanto a su corrección, sin perder la participación de las partes en la constitución del tribunal.
- La duración y el coste de los arbitrajes relacionado con arbitrajes más verdes, que sean también más rápidos y eficientes.
Finalmente, Bottini creyó fundamental que este proceso de reformas cuente con una mayor participación del sector privado, de los inversores, que deben involucrarse para conseguir un arbitraje más sostenible para empresarios, gobiernos y sociedad en general.
Thalita Almeida, Socia de Bastos Tigre, Coelho da Rocha, Lopes e Freitas, Río de Janeiro, Brasil, habló sobre las prácticas de gobernanza de las compañías, el marco legal brasileño hacia incentivar el nacimiento de startups así como legislación de impulso del emprendimiento; del incentivo al arbitraje y a la mediación, así como a otros procesos de resolución alternativa de disputas como la conciliación para, asimismo, liberar el sistema judicial, junto a la obligación de recurrir a arbitraje que existe en ciertos sectores en Brasil.
José Antonio Alonso, presidente de Honor de Velae Legal Group, trató la mediación internacional y habló sobre la Ley Modelo de Mediación en funcionamiento, y fundamentalmente, el gran paso que ha supuesto la Convención de Singapur sobre Mediación Internacional que entró en vigor el año pasado. Para Alonso, el cambio va a ser importante porque “los cimientos de la seguridad jurídica para el cumplimiento de esos acuerdos de mediación están trabajados, en parte, por la gran cantidad de países ya adheridos a la Convención.”
Juan Pablo Correa Delcasso, secretario del Tribunal de Arbitraje del Principado de Andorra (TAPA), destacó la cultura del arbitraje arraigada en el Principado dotado de una Ley de Arbitraje moderna e innovadora redactada por Ramón Mullerat: “Andorra es por excelencia un país neutral y con una inmensa seguridad jurídica.”
