Josep Gálvez lidera el área de Litigación Comercial y Arbitraje en el bufete Altalex. Magistrado durante gran parte de su carrera profesional, Gálvez se ha especializado en litigación y arbitraje relacionados con Fusiones y Adquisiciones (M&A) así como todo tipo de transacciones internacionales.

En los últimos años, ha asesorado sobre M&A nacionales e internacionales, así como otras transacciones comerciales en el ámbito de los sectores Industrial y Servicios. Su experiencia abarca Europa, África del Norte y Oriente Medio.

Actualmente, Gálvez es profesor asociado de Derecho Internacional Privado y Litigación Internacional en la Universidad de Barcelona. En 2010, la Universidad de las Islas Baleares lo designó como “Profesor honorífico” del Departamento de Derecho Privado.

  • Para empezar, ¿qué opina del nuevo “Investment Court System, ICS” propuesto por la UE en los tratados TTIP o CETA?

Ciertamente todo lo que afecta a los tratados TTIP o CETA (este último suscrito el pasado domingo, 30 de octubre) está generando una importante polémica en algunos sectores y en ciertos movimientos sociales a un lado y otro del Atlántico. Pero, contrariamente a lo que parece, no es una cuestión nueva, sino que se reiteran exactamente las mismas críticas que ha venido sufriendo el Investor to State Dispute Settlement hasta ahora: la supuesta falta de trasparencia del sistema o las sospechas sobre la independencia de los árbitros.

Sin entrar a valorar las críticas – que en algunos casos pueden ser muy legítimas y beneficiosas para el debate sobre el arbitraje- es innegable que el objetivo económico de los tratados, no serviría de nada sin la articulación de un sistema de resolución de controversias con plenas garantías de imparcialidad e independencia respecto a los Estados. Esas garantías pasan, por lo tanto, por la articulación de un órgano decisor completamente ajeno a la “vis atractiva” que puedan ejercer las partes afectadas sobre el asunto que objeto de controversia.

En este sentido, la proposición de un modelo de corte jurisdiccional pública, como es la propuesta del Investment Court System, frente al sistema de arbitraje tradicional ISDS pretende responder mediante soluciones políticas a polémicas que poco o nada tienen que ver con la realidad práctica del arbitraje. Dicho de otra manera, tanto en mi anterior experiencia como Magistrado como actualmente como Árbitro, la tarea a efectuar es esencialmente la misma: resolver conforme las leyes y demás normas jurídicas con las debidas garantías de imparcialidad, independencia y profesionalidad precisas para el desempeño de la función.

Desplegar gratuitamente sospechas sobre el arbitraje de inversiones es simplemente desconocer la realidad de este sistema de resolución de controversias: ni se trata de tribunales ocultos, ni en ellos operan redes que confabulan contra los Estados. Bien al contrario, es un sistema que funciona correctamente y ahí está la gran reputación que precede a una institución como es el Banco Mundial, y el prestigio internacional de los profesionales que intervienen como abogados de parte o como árbitros en la siempre compleja tarea de impartición de justicia.

  • ¿Cree que es necesario un cambio en el sistema de arbitraje inversor-Estado?

Debemos partir de que, como es sabido, el actual sistema de arbitraje inversor-Estado nace del mutuo interés de que, tanto los Estados que reciben la inversión, como los particulares o empresas extranjeras que invierten, obtengan el confort de que, en caso de controversia, será un tercero neutral quien decida. No obstante, propuestas como el Investment Court System suponen desnaturalizar por completo este planteamiento, para pasar a un escenario radicalmente distinto y centrado en un tribunal público, permanente e integrado exclusivamente por jueces, dotado además de un sistema de doble instancia.

La cuestión que se plantea es: ¿Puede considerarse plenamente justificado acudir a un sistema tan “estatalizado” como es el propuesto por la UE? En principio, y atendiendo únicamente a las críticas al sistema ISDS, pudiera responderse afirmativamente. No obstante, la necesidad de ese cambio en sistema de arbitraje de inversiones parece tener más que ver con cuestiones políticas que con la realidad. Y la realidad es que existen pocos sistemas de resolución de controversias internacionales que cuenten con tanta trasparencia y garantías como el mecanismo ISDS.

Por el contrario, un simple análisis sobre la práctica en materia de arbitraje de inversiones difícilmente aconsejaría la creación de un tribunal como el propuesto por la UE, constituido a instancia –no lo olvidemos- de los Estados, quienes precisamente van a ser parte en el proceso. Este modelo, inspirado en instituciones de carácter público, y con evidentes cargas de soberanía que nos retrotraen a tiempos pasados, no responde en absoluto a ese planteamiento para la resolución de controversias original que permite a los particulares o empresarios instar contenciosos arbitrales contra el Estado receptor de su inversión.

Bien al contrario, se trata como he indicado, de una solución política de puro compromiso con el que se pretende contentar a todos. Y tanto es así que, contrariamente a lo pretendido, el modelo ICS ni ha complacido a los críticos con el sistema ISDS ni tampoco ha satisfecho a las empresas extranjeras ante la perspectiva de tener que resolver sus controversias sobre inversiones ante un tribunal de estas características.

  • En relación con el arbitraje internacional, ¿cuál es la situación de España? ¿Y cuál ha sido su evolución en los últimos años?

Más allá de una mera percepción subjetiva, las cifras que aportan las distintas instituciones arbitrales como la ICC indican un hecho objetivo, y es que el arbitraje en España sigue aumentando sensiblemente.

Pero este escenario de cierta pujanza no nos debe llevar a la autocomplacencia dado que aún nos encontramos bastante alejados de los niveles de práctica de los países anglosajones o incluso de los países de nuestra área de influencia por excelencia, Iberoamérica. En ese sentido hay mucho trabajo por hacer; y es que adolecemos de un importante déficit en cultura jurídica arbitral que se debería remediar ya desde la enseñanza universitaria. Es esencial que quienes nos involucramos, de una manera u otra, en la formación de los futuros profesionales del Derecho seamos conscientes de que la imprescindible internacionalización los abogados españoles pasa necesariamente por el arbitraje.

Por otro lado, es cierto que seguimos arrastrando aún muchas de las patologías que se han venido diagnosticando en los últimos años y que lastran a España como escenario ideal para el arbitraje internacional: un excesivo número de cortes e instituciones arbitrales, la falta de promoción sobre las evidentes ventajas del arbitraje frente al procedimiento judicial, entre otros aspectos que creo innecesario reiterar. Es evidente que para fortalecer y aumentar el atractivo de España como sede arbitral internacional deberían aunarse las apuestas de Madrid y Barcelona, unificar los esfuerzos e iniciativas para lograr unas únicas reglas de arbitraje como en el caso suizo, por poner un ejemplo.

Finalmente, es indudable que el actual escenario económico de crecimiento en España viene en gran parte de los procesos de internacionalización que han emprendido nuestras empresas, un entorno donde las cláusulas de arbitraje para la resolución de controversias son la práctica habitual para dirimir las controversias. Y si bien es cierto que aún hoy no existe una oferta generalizada en materia de arbitraje por parte de los despachos españoles, últimamente asistimos al nacimiento de nuevas boutiques jurídicas, firmas especializadas en este ámbito, como son los proyectos de excelentes profesionales como David Arias, Seguimundo Navarro o Víctor Bonnin, por poner algunos ejemplos. Creo que son una buena muestra de que el mercado español precisa cada vez más de auténticos expertos en materia de arbitraje internacional.

  • ¿Y la situación del arbitraje entre las empresas catalanas? ¿Cómo lo perciben?

Barcelona ha venido cobrando una mayor importancia como sede de arbitrajes, sin duda. Sin embargo, el uso del arbitraje, como sucede en el resto de España aún sigue siendo un desconocido para gran parte de las PYMES catalanas que, como es sabido, conforma el tejido económico por excelencia. De hecho, casi un 99% de las empresas catalanas se etiquetan como PYMES y a pesar de que ha ido aumentado el número de empresas que apuestan por la practicidad de este modelo de resolución de conflictos, todavía sigue habiendo gran número de ellas que no han optado por incorporar una cláusula arbitral a sus modelos de contratación. A esta situación también ha contribuido cierto atavismo social que siempre exige de la intervención de la autoridad judicial para resolver los conflictos.

No obstante, esta situación colisiona con el eterno colapso de la Administración de Justicia, siempre embarcada en su enésimo proyecto de modernización. Esta espera a la resolución definitiva del contencioso puede prolongarse sensiblemente, con la consecuente incertidumbre lo que puede suponer un importante contratiempo para las empresas, cuando no verdaderas situaciones dramáticas que pueden malograr la viabilidad de la sociedad.

Ahí es donde el arbitraje cobra todo su sentido y tiene cabida entre las empresas, entendiéndose como una clara ventaja frente al sistema público de justicia ordinaria y, de la misma manera que actualmente no nos sorprende la suscripción de un seguro médico o acudir a un centro privado de salud, precisamente para no sufrir las interminables colas de la sanidad pública, tampoco debemos recelar de un procedimiento de resolución de disputas privado, con la seguridad de que, cuando se produzca un conflicto, este se solventará rápidamente, por un especialista en la materia y con las mismas garantías que en un tribunal de justicia.

Por otro lado, el hecho de que recientemente se haya constituido una nueva corte de arbitraje catalana, además de contar con el Tribunal Arbitral de Barcelona, no se encuentra alejado de la necesidad de dar a conocer la práctica arbitral, de su funcionamiento y ofrecer sus evidentes ventajas al tejido económico catalán.

  • ¿Cómo valora la creación de una corte de arbitraje enfocada en la Comunidad Iberoamericana?

Una iniciativa tan ambiciosa como el CIAR, en el que intervienen todos los agentes económicos e institucionales, como son los distintos Estados, las Cámaras de Comercio más representativas de Iberoamérica, o importantes instituciones empresariales y profesionales, representa un notable avance en la consecución de esa corte arbitral regional y que particularmente valoro de forma muy positiva. Con toda seguridad, el CIAR va a proporcionar una auténtica alternativa a otras cortes arbitrales en favor de una mayor proximidad geográfica y cultural dado que cuenta además con las evidentes ventajas del factor lingüístico y su especialización en las PYMES en todo el ámbito iberoamericano.

Por otro lado, el hecho de que el Centro Iberoamericano de Arbitraje se configure como centro de arbitraje para la región y que además constituya una plataforma de formación para árbitros o la promoción de la propia cultura arbitral, resulta un medio idóneo para la consecución de un proyecto tan interesante y necesario en el ámbito de la resolución de conflictos de los países de habla hispana.

Es innegable que Iberoamérica ofrece un gran potencial en el sector del arbitraje, contando con todos los elementos necesarios para que el CIAR se desarrolle como un centro de resolución de disputas, con lo que ello supondría en términos económicos, jurídicos, etc. Sin duda alguna, la corte tiene todas las condiciones para vertebrarse como un eje regional de solución de conflictos de inversión y comerciales en los que intervienen partes de distinta nacionalidad.

No obstante, debe tenerse también en cuenta que el CIAR necesitará, a su vez, el auxilio y coordinación con los sistemas judiciales de los distintos Estados tanto para las ejecuciones de laudos como para resolver posibles recursos que se pudieran entablar. En definitiva, deben estructurarse los medios idóneos para que las PYMES acudan al arbitraje como un sistema atractivo para poder solventar sus conflictos transfronterizos con transparencia, rapidez y eficacia, y sobre todo sin tener que alterar necesariamente los planes de negocio ni sus proyectos corporativos.

  • ¿Qué debería ofrecer a los empresarios esta institución?

El elemento esencial para la rápida implantación del sistema de arbitraje planteado por el CIAR pasa por el impulso y desarrollo de esta nueva institución entre el empresariado iberoamericano, involucrando también a otros sectores de la sociedad, suponiendo un relevante avance como centro de resolución de controversias en la zona.

Partiendo de que el arbitraje internacional es en la actualidad el mecanismo al que acuden un mayor número de empresas que han apostado por la internacionalización de su actividad económica, el CIAR se podría situar rápidamente en una posición privilegiada en la región, como instrumento idóneo para la resolución de conflictos, que resulte atractivo frente a los inconvenientes de la litigación ordinaria. Particularmente creo que es un verdadero acierto extender el arbitraje a pequeñas y medianas empresas, superando el modelo tradicional únicamente enfocado a la gran empresa y asociado a elevados costes.

En este sentido, entiendo que el CIAR puede articular una oferta solvente y con plenas garantías y responder así a las necesidades de las empresas situadas en países iberoamericanos de resolver sus conflictos de forma ágil. Es evidente que para alcanzar este objetivo es esencial que el CIAR cuente, como parece ser, con la involucración de los operadores económicos, las instituciones y las organizaciones profesionales y empresariales, integrándose tanto en la sociedad civil como en el tráfico económico.

  • Recientemente se ha incorporado al bufete Altalex como responsable del área de Arbitraje, ¿está ganando espacio éste en los despachos?

Mi incorporación en Altalex como socio responsable de resolución de conflictos responde al compromiso de la firma por ofrecer un servicio especializado en el sector empresarial, donde el arbitraje tiene una importante presencia, debido a la necesidad de obtener una solución rápida y eficaz a la controversia. Operar en nuevos mercados les ha generado excelentes oportunidades de negocio, pero es también un proceso también supone asumir nuevos riesgos.

En este escenario, nuestro objetivo es siempre evitar potenciales litigios y es que entendemos que una de las cualidades que diferencia a un buen abogado es su interés por alcanzar un acuerdo extrajudicial para su cliente antes que acabar en un procedimiento largo y costoso. No obstante, para el caso de que la cuestión litigiosa sea inevitable, es necesario diseñar para cada caso específico, la defensa y estrategia en defensa de los intereses del cliente.

En este sentido, en Altalex como en otras firmas que cuentan con un área de arbitraje, disponer de profesionales especializados en la litigación internacional, supone poder asumir la defensa de los intereses de nuestros clientes, empresas, tanto nacionales, como multinacionales, en todo tipo de controversias, no limitándose territorialmente a España, lo que supone un valor añadido. Es sabido que, concretamente en el ámbito del arbitraje internacional, las plazas siguen siendo las tradicionales: París, Londres, Zúrich, Ginebra o Nueva York, lo que supone que las empresas que operan en el entorno internacional requieren de firmas legales que puedan intervenir en estas sedes arbitrales.

En nuestro caso, el equipo de arbitraje de Altalex da respuesta a esa necesidad interviniendo tanto en procedimientos arbitrales nacionales como internacionales ante estas reconocidas sedes. Entendemos que la práctica internacional de cualquier firma debe poder articular estos procedimientos arbitrales para resolver los conflictos comerciales que puedan surgir entre empresas. En el entorno actual, los clientes que intervienen en el mercado global requerirán cada vez más de profesionales que también puedan actuar globalmente y, concretamente en el ámbito del arbitraje internacional.

  • ¿Qué es necesario para una mayor fortaleza y atractivo del arbitraje español?

Como he indicado antes, el sector del arbitraje en España se encuentra en un momento de clara pujanza vinculada especialmente al momento de crecimiento económico, lo que proporciona una excelente oportunidad para seguir trabajando situar a nuestro país como sede arbitral de referencia a nivel internacional. Como se ha dicho en tantas ocasiones, contamos con todos los elementos necesarios para que España pueda ser una sede de referencia, internacional, está en nuestras manos que esto suceda. Pero también requiere del compromiso y coordinación de todos los actores involucrados, así como especialmente de las distintas instituciones y cortes arbitrales para actuar conjuntamente.

Por otro lado, es cierto que en España contamos con excelentes firmas legales, cualificados profesionales especializados en el sector del arbitraje y que actúan tanto como árbitros o abogados de parte. En este sentido, está claro que la comunidad arbitral española está preparada pero aún falta mucho camino por recorrer, especialmente respecto a las PYMES: es preciso una mayor promoción del arbitraje como medio de resolución de controversias privado, en base a unos costes razonables y unos beneficios evidentes de prontitud y flexibilidad, contando con las mismas garantías que acudir a la justicia ordinaria. Esta labor requiere de un evidente esfuerzo didáctico, de verdadera pedagogía social e institucional para fomentar el arbitraje como medio alternativo al litigio ordinario y que, a diferencia de éste, ofrece una mayor especialización, agilidad y rápida resolución, pero sin olvidar que, no obstante, es imprescindible el apoyo y reconocimiento del arbitraje desde la judicatura.

Por último, y precisamente por ese trabajo de fomento de la práctica arbitral, de formación, quisiera hacer mención del importante esfuerzo que se ha venido efectuando por entidades como el Club Español del Arbitraje, la Asociación Europea de Arbitraje o la Asociación por el Fomento del Arbitraje, entre otros, en su incesante labor de promoción de la marca España en materia de arbitraje.

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