Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Indra Sistemas, compañía española de sistemas informáticos ha anunciado al Gobierno de Ecuador su intención de recurrir a arbitraje por desencuentros en relación con la realización del sistema de información judicial contratado a la española en 2011.

Según diferentes informaciones en prensa, Indra Sistemas habría notificado su intención de iniciar un arbitraje internacional contra Ecuador en relación al contrato de implementación del sistema de información judicial “Justicia 2.0” para la gestión de procedimientos judiciales.

La Contraloría General de Ecuador acusó a Indra de incumplimiento de contrato por, entre otros asuntos, no implementar el sistema en todo el territorio (ver “Indra notifica a Ecuador intención de inicair proceso de arbitraje internacional“, Ecuador Inmediato, 26.02.2018).

Según la anterior información, en 2015, Indra impugnó la decisión ante los tribunales de Ecuador respecto a la emisión de una glosa por el valor total del contrato -cerca de 24 millones de dólares- tras acusar a Indra de “responsabilidad civil culposa”.

En febrero de 2016, el Consejo de la Judicatura de Ecuador demandó a Indra por la detección de “inconsistencias” en la herramienta tecnológica entregada (ver “El Consejo de Judicatura de Ecuador demanda por incumplimiento a Indra“, EFE Quito, El Mundo, 19.02.2016).

El 13 de diciembre de 2017, Indra fue notificada de la sentencia desfavorable en relación con la demanda interpuesta en 2016.

Seis meses para llegar a un acuerdo amistoso

Desde la fecha de notificación de intención de acudir a arbitraje, las partes tienen un plazo de seis meses para resolver el desacuerdo de manera amistosa.

Si no fuera posible deberán recurrir a un Tribunal de Arbitraje «ad hoc» establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, o al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Arbitraje en el APPRI España-Ecuador

El Artículo XI del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Ecuador de 1996 explica sobre “Controversias entre una Parte Contratante e Inversionistas de la otra Parte Contratante” que:
“1. Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversionistas de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo será notificada, por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversionista a la Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible las partes tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.
2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, será sometida a elección del inversionista:
  • Al Tribunal de Arbitraje «ad hoc» establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, o
  • Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el «Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estado», abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquél.
3. El arbitraje se basará en:
  • Las disposiciones del presente Acuerdo.
  • El derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de Ley.
  • Las reglas y principios de Derecho Internacional generalmente admitidos.
4. Las sentencias de arbitraje serán definitivas y vinculantes para las partes en controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo con su legislación nacional.”

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