“Argentina no justificó el peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná“. Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay coinciden en que la documentación presentada por la delegación argentina durante las negociaciones, que se han extendido durante ocho meses, no justifica el cobro de una tasa retributiva en línea con el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná, que otorga libertad de navegación e igualdad de tratamiento en todas las operaciones reguladas para los países signatarios.
En el comunicado se traslada también la opinión de las empresas representadas por la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) y cámaras de la industria argentina que reforzaron la posición de los cuatro países.
Argentina se escuda en la mejora en servicios de señalización, cambio de trazas constantes y un sistema de identificación que permite conocer en tiempo real el posicionamiento de las embarcaciones y de la navegación nocturna.
La cuestión, tras ocho meses de discusión, se elevará ahora al Comité Intergubernamental de la Hidrovía que atenderá la controversia en contra de la oposición de Argentina.
Otros colectivos como el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) de Paraguay han manifestado en declaraciones a la prensa que Paraguay acudirá al arbitraje internacional si no se deroga la medida ver (“Paraguay exige suspensión del peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay a Argentina“, Escenario Mundial, 26.06.2023).
El conflicto
Argentina cobra a las embarcaciones que usan el tramo de hidrovía Paraguay-Paraná a pesar de la denuncia de decisión unilateral argumentada por el resto de los países. La posibilidad del arbitraje internacional sobrevuela este conflicto, mientras Argentina envía las facturas por peaje y las empresas interponen recursos para pedir cautelares ante la Justicia argentina evitando los cobros.
El acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná otorga libertad de navegación e igualdad de tratamiento en todas las operaciones reguladas para los países signatarios. El cobro exigido por Argentina a las embarcaciones internacionales es de 1,47US$, mientras que factura a las compañías argentinas la misma cantidad, pero en pesos argentinos.
Argentina argumenta que no se trata de una decisión caprichosa, sino que está apoyada en “estudios en distintas áreas para su implementación”, alegando la inversión hecha en el mantenimiento por el Gobierno argentino.
