Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Ante la entrada en el Gobierno de Guatemala como nuevo Procurador General de la Nación de Wuelmer Ubener Gómez González, el país ha hecho un recuento y ha presentado la situación de las controversias que mantiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En total han sido siete los procedimientos de arbitraje de inversiones que comenzaron en 2007 con la demanda de la estadounidense Railroad Development Corporation que se zanjó con el pago por parte de Guatemala de 14,6 millones de dólares.

Desde la Procuraduría General de la Nación se representa al Estado de Guatemala en litigios nacionales e internacionales. Wuelmer Ubener Gómez González será procurador general de la Nación para el período 2022-2026 (ver “Presidente de la República nombra a Wuelmer Ubener Gómez González procurador general de la Nación para el período 2022-2026“, Prensa Gobierno de Guatemala, 23.05.2022).

La Procuraduría General de la Nación ha hecho recuento de los litigios internacionales que tiene abiertos en CIADI entre los que se encuentra el de Kappes, Cassiday & Associates. Un conflicto se remonta a 1997, año en el que se implementaron una serie de reformas legales para el sector minero que pretendieron atraer la inversión extranjera y nacional, entre otros, reduciendo las regalías del 6% al 1%.

Kappes, Cassidy & Asociados construyeron una primera mina de oro (Progreso VII Derivada) que proyectaba operar durante cinco años. La demanda de arbitraje se presentó ante CIADI en noviembre de 2018. La reclamación estaría entre 419 y 449 millones de dólares.

Otros dos arbitrajes contra Guatemala son los de Grupo Energía Bogotá, compañía colombiana, que junto a Transportadora de Energía de Centroamérica SA (de Guatemala) presentó su segunda demanda en diciembre de 2021. La primera demanda se presentó en octubre de 2021.

Grupo de Energía de Bogotá junto a su filial Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (TRECSA), ejecutan el proyecto Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía PET-01-2009, un megaproyecto que pondrá en operación más de 850 km de líneas de transmisión en 17 departamentos, 82 municipios y 359 comunidades. En este arbitraje la demanda ascendería a 375 millones de dólares.

El de Energía y Renovación Holding está en sus primeros pasos y ya ha sido constituido el tribunal, aún no se conoce el monto en disputa. La panameña presentó el arbitraje en noviembre de 2021. En los últimos años, la empresa se ha visto envuelta, en referencia a las plantas hidroeléctricas en Yich Ki’sis, San Mateo Ixtatán y San Andrés, en algunos hechos denunciados por comunidades indígenas locales de las zonas afectadas por sus trabajos en el sector hidroeléctrico.

El de Teco Guatemala Holdings se encuentra en su tercer intento de anulación. Se trata de un largo arbitraje iniciado en 2010 en relación a un conflicto relacionado con su participación accionaria en la Empresa Eléctrica de Guatemala y desacuerdo en las tarifas para la distribución de electricidad. La eléctrica pedía una indemnización de 350 millones de dólares.

Guatemala, además, ha informado de dos pagos en dos arbitrajes: el de la estadounidense Railroad Development Corporation, por 14,6 millones de dólares (un arbitraje registrado en 2007 y finalizado en 2013) (ver “Guatemala se enfrenta a arbitrajes internacionales que pueden costarle hasta US$824 millones ¿Por qué debe importarle este asunto a la población?“, Urías Gamarro, Prensa Libre, 31.05.2022); y el pago hecho en 2020 en el marco del arbitraje de Teco Guatemala Holdings por 37 millones de dólares.

A estos arbitrajes se une el que perdió Iberdrola Energía en 2012. El tribunal rechazó la demanda de la compañía condenándola a asumir todos los costos del procedimiento.

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