Aenza, antes Graña y Montero, y el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato firmaron un acuerdo el pasado 21 de mayo a través del que, entre otros, la compañía se compromete a renunciar a varios arbitrajes abiertos con Perú, iniciativa que se suma al desistimiento del arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Sur Peruano.

El acuerdo incluye una cláusula donde “la empresa se compromete a no iniciar arbitrajes, judiciales o administrativos contra el Estado, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.”

Como consecuencia de las negociaciones, la compañía ha desistido de dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional de Cusco y ha renunciado a cobrar cualquier concepto relacionado con la terminación del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur, suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todo ello, se suma al desistimiento de la solicitud de arbitraje que la empresa presentó ante el CIADI por el Gasoducto Sur Peruano, por un monto equivalente a S/ 700 millones de soles o US$ 250 millones.

Además, Aenza estará obligada a pagar una reparación civil de S/ 480 millones al Estado peruano por los daños causados en 16 proyectos. La compañía reconoce que la antigua empresa Graña y Montero junto a sus dos subsidiarias GyM y CONCAR, así como seis de sus exejecutivos, cometieron delitos de corrupción en proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3. También se reconoce que dichas compañías participaron en los procesos de selección o concursos públicos de 48 obras, para dar la apariencia de competencia en el esquema del denominado “Club de la Construcción”.

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