Aún se gestiona la aprobación del contrato del despacho internacional Foley Hoag, que ascendería a casi 4,9M$, y el arbitraje UNCITRAL está en fase de presentación de memorial de réplica a la demanda por parte de Panamá.
En septiembre de 2018, Sacyr inició, al margen de los arbitraje con el Canal de Panamá, un arbitraje de inversiones contra Panamá bajo reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) por la violación del Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones Panamá-España (APPRI).
El contrato con Foley Hoag para su representación en este proceso asciende a 4,9 millones de dólares US, contrato que aún espera a ser aprobado por la Contraloría Geneal de la República de Panamá (ver “Panamá contrata abogados para defenderse de Sacyr por sobrecostos en ampliación del Canal“, La Prensa (Panamá), 12.01.2020).
A los arbitrajes por los sobrecostes en las obras del canal se unió la demanda de arbitraje, esta vez de inversiones de Sacyr, el mayor accionista de Grupos Unidos por el Canal (GUPC) contra el Estado panameño y en el que la compañía española reclama la no protección de su inversión en base a los estándaros recogidos en el APPRI y, acusa al Estado, entre otros, de presentar estudios deficientes o erróneos -según la notificación de arbitraje-.
