Real Hearing. Tan real como en el tribunal


A través de un comunicado, la compañía Lamsac ha lamentado la decisión de un tribunal peruano que le obliga a reducir las tarifas de peaje en la concesión Línea Amarilla, por encontrarse en medio de un conflicto con la Municipalidad de Lima que actualmente se dirime a través de arbitraje.

El arbitraje entre la compañía Lamsac y la Municipalidad de Lima sobre el reajuste tarifario de la concesión Línea Amarilla fue llevado a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) a mediados de 2018.

A raíz de la decisión del tribunal, Lamsac ha señalado que “vulnera la seguridad jurídica de los contratos de concesión” (ver “Lamsac: reducción de tarifa de peaje de S/5.70 a S/5.20 aplicará desde mañana en todas las garitas“, Perú21, 14.01.2020). La compañía explica que este reajuste es parte del contrato de concesión, por lo que debería resolverse a través de arbitraje: “[…] violenta una orden previa del Tribunal Arbitral, la cual dispuso no afectar el status quo entre las partes. Es de recordar que dicho Tribunal tiene la jurisdicción exclusiva para resolver los temas tarifarios”, cita el medio La República haciendo referencia al comunicado (ver “Lamsac: Reducir la tarifa de peaje vulnera la seguridad jurídica de los contratos de concesión“, La República, 14.01,2020).

Y en la anterior información se reproduce otro párrafo en el que se sostiene: “Es preocupante que el Estado Peruano desconozca una decisión válidamente emitida en un proceso arbitral, al declarar fundada la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc. Desconocer una medida cautelar de un Tribunal Arbitral competente es como desconocer una sentencia de un juez, y genera responsabilidad en el Estado Peruano, la Municipalidad de Lima y aquellos funcionarios que la incumplan”.

La confrontación surge respecto a la fórmula de reajuste anual de los peajes de la concesión Línea Amarilla a Lamsac, propiedad de la compañía francesa Vinci Highways, después de que la Contraloría General de la República emitiera un comunicado señalando que el aumento de las tarifas no se ajustaba al contrato firmado entre la Municipalidad y Lamsac en 2009.

A través del arbitraje, Lamsac pretende que se declare adecuada la aplicación de la fórmula del reajuste tarifario que se estableció en la cláusula 9.9 del contrato de concesión aplicada desde 2013.

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