El fondo estadounidense Gramercy ha aumentado la cantidad demandada a 1.8 billones de dólares en el arbitraje que mantiene con Perú por el proceso de pago de los bonos de la reforma agraria debidos a la expropiación de tierra agrícola hace 50 años.
La demanda inicial de Gramercy -presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativas a Inversiones, Ciadi- ascendía a 1.6 billones de dólares, ahora el fondo norteamericano pide 1.8 billones de dólares en un documento fechado el pasado 13 de julio en el que alega que “busca una reparación igual al valor actual de su inversión en los Bonos Agrícolas, es decir, 1.8 billones de dólares”.
Para ello, ahora Gramercy utiliza el Índice de Precios al Consumo de Perú para calcular el valor actual de los bonos, como el método correcto para establecer la cantidad demandada, aportando testimonios de expertos y alegando que se trata del método predominante de actualización en Perú.
El tribunal del procedimiento está compuesto por el español Juan Fernández-Armesto (presidente), el canadiense Stephen L. Drymer (designado por la demandante) y la francesa Brigitte Stern (designada por Perú). Los despachos implicados son Debevoise & Plimpton, New York (de la demandante) y White & Case, Washington (demandada).
Anterior petición de 1.6B$
En la “Notificación de arbitraje de las demandantes y escrito de demanda” del fondo norteamericano Gramercy, registrada el 2 de junio de 2016, se solicitaba el pago de 1.600 millones de dólares, una reparación equivalente al valor actualizado de su inversión en los Bonos de la Reforma Agraria.
El fondo explica que las acciones de Perú privaron su inversión de “una parte significativa de su valor” aportando el testimonio de un experto de Gramercy (Profesor Edwards) que, según la demandante, “ha calculado que el valor actualizado de los Bonos de la Reforma Agraria que tiene Gramercy supera el monto de US$ 1,600 millones”. En esta notificación, además se hacía notar que “para poder ofrecer una reparación plena y eliminar las consecuencias de los actos ilícitos, Perú debe pagarle a Gramercy US$ 1,600 millones”.
Origen del conflicto
El conflicto se deriva de la expropiación de millones de acres de tierra agrícola durante las décadas de los años 60 y 70, cuando Perú se encontraba bajo el mandato de Juan Velasco. El Gobierno compensó a los propietario a través de la emisión de bonos. Gramercy adquirió 10.000 bonos de la reforma agraria entre 2006 y 2008.
