La minera canadiense First Majestic Silver Corp. anunció la semana pasada que una corte mexicana ha rechazado el Acuerdo de Precios Anticipados de 2012 otorgado a su subsidiaria Primero Empresa Minera, SA de CV, agravando la disputa tributaria que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.
Ante esta decisión, la canadiense ha comunicado su intención de evaluar todas sus opciones legales, tanto nacionales como internacionales, entre las que estaría acudir a arbitraje de inversiones como recoge el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En junio de 2020 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió a las mineras canadienses que no acudan a tribunales internacionales, es decir, a arbitrajes de inversión y que paguen los impuestos tramitados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El 20 de mayo de 2019, el presidente López Obrador firmó el decreto que eliminaba condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Ante la pandemia del Covid19, el presidente comunicó que no se condonarían impuestos.
First Majestic opera las minas de plata y oro mexicanas de San Dimas, Santa Elena y La Encantada
Breve sobre la disputa
El 13 de mayo de 2020, First Majestic entregó al Gobierno de México un Aviso de Intención de Presentar una Reclamación bajo las disposiciones del Capítulo 11 del TLCAN, iniciando un periodo de 90 días para que el Gobierno de México estableciera negociaciones amistosas y de buena fe con la compañía para resolver la disputa por los impuestos a la producción de plata. Sin embargo, el 11 de agosto de 2020, el plazo del proceso de 90 días expiró sin ninguna resolución de la disputa fiscal.
La Compañía también ha sido informada por sus asesores legales mexicanos que a Primero se le notificará de la decisión, apelable, tomada el 23 de septiembre de 2020 por el Tribunal Federal en Materia Administrativa, anulando el Acuerdo de Precios Anticipado otorgado.
Según el comunicado de First Majestic: “Los asesores legales de la Compañía opinan que la decisión del Tribunal Federal no se adoptó siguiendo los procedimientos habituales, se tomó de forma apresurada y no brindó la oportunidad de presentar pruebas de Primero. Además, la decisión es inconsistente con precedentes legales previos y viola la Constitución Federal Mexicana.”
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