Un grupo de ex integrantes de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (CAITISA) de Ecuador han dirigido una carta al Gobierno ecuatoriano en la que reclaman que se siga la auditoría realizada y denuncian que se siga contemplando el arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias.
Pie de foto: Cecilia Olivet, presidenta de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa), entrega el informe final de auditoría de los 27 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) a Rafael Correa.
La “Carta abierta sobre insistencia en tratados bilaterales de inversión” se ha hecho pública a través de la plataforma Change.org, en la que los firmantes invitan a la adhesión, y expone:
“De nuestra consideración:
Como ex integrantes de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (CAITISA), y como miembros de la sociedad civil que apoyan el Tratado Vinculante Sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, hemos recibido con mucha preocupación el anuncio de presentar a 16 países un nuevo modelo de tratado bilateral de protección de inversiones (TBI).
La justificación empleada por voceros de su Gobierno para renegociar estos instrumentos, se ha centrado básicamente en señalar que estos tratados serían determinantes para atraer inversión extranjera directa, y, que la incompatibilidad de estos con la Constitución de Montecristi, se solucionaría limitando el sistema de solución de controversias inversor Estado, a foros regionales o latinoamericanos; argumentos que no han considerado y por lo tanto se contradicen con los resultados de la auditoría ciudadana, contenida en el informe ejecutivo de CAITISA entregado al país.
Si bien el nuevo modelo de TBI incluye cambios leves -principalmente con relación a detalles jurídicos de los millonarios laudos que enfrentó el Ecuador- las empresas transnacionales mantienen derechos exorbitantes y se sigue contemplando al arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias.
La auditoría de CAITISA determinó con toda claridad que:
- estos instrumentos no han sido determinantes en el Ecuador para atraer inversión extranjera directa,
- que aquella inversión que llegó al país lo hizo en sectores de alta rentabilidad,
- que su aporte en términos de generación de empleo y bienes que permitan ampliar las posibilidades de producción del país fue baja, y,
- que en muchos de los casos dejó graves afectaciones sociales y ambientales.
Del análisis que realizó CAITISA de los TBI suscritos por el país, su proceso de negociación y denuncia, quedaron en evidencia graves irregularidades en su negociación y ratificación, y quedó de manifiesto su incompatibilidad con principios transversales de la Constitución como el de igualdad ante la ley y soberanía, así como con el modelo de desarrollo en ella consagrado.
De igual manera la auditoría demostró la grave afectación al patrimonio estatal que implicó la implementación del sistema de arbitraje internacional, que en los casos emblemáticos que enfrentó el Estado ecuatoriano (Chevron y Occidental), además dejó mucho que desear respecto a su objetividad, juridicidad y transparencia.
Nos preocupa que se pretenda negociar nuevos TBI con 16 países, incluyendo algunos que (a diferencia de los años 90) han cuestionado la solución de controversias inversionista-Estado, y, como en el caso de los países europeos, no tienen competencia para negociar por sí mismos este tipo de tratados y su máxima corte de justicia rechazó los arbitrajes inversionista-Estado.
Lamentamos profundamente que el País busque negociar nuevos tratados antes de que concluyan los esfuerzos que Ecuador lidera para la aprobación del Tratado Vinculante Sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos y que legitime el arbitraje internacional, que ha sido uno de los instrumentos de coacción utilizados contra los gobiernos por las grandes transnacionales, para asegurar su impunidad por los atentados cometidos contra los derechos humanos y el ambiente en el Ecuador y en el mundo. Todo esto en un momento en el que la voz ecuatoriana es esperada con expectativa en el marco de las negociaciones multilaterales para reformar el sistema de arbitraje de inversiones que se lleva a cabo en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).
Conscientes de la necesidad de atraer capitales foráneos, luego de un estudio exhaustivo, la auditoría recomendó que, en caso de inversores futuros en algún proyecto específico de interés estratégico para el País, el inversor renuncie a los derechos de solución de controversias al amparo de los TBI y que, en su remplazo, se suscriban sólo a los tribunales ad hoc bajo leyes nacionales, como ya lo ha venido aplicando el Estado ecuatoriano con varios contratos de inversión.
Convocamos a que su gobierno reconsidere el inicio de negociaciones y que no omita las recomendaciones de la auditoría ciudadana. Sobre la base de los resultados de CAITISA y los textos del nuevo modelo, estamos prestos para un diálogo constructivo, en defensa de los derechos humanos, la soberanía del Ecuador y los intereses de los pueblos.”
