Venezuela ha perdido la demanda de arbitraje de inversiones contra las españolas Agroinsumos Ibero-americanos S.L., Inica Latinoamericana S.L., Proyefa Internacional S.L. y Verica Atlántica S.L. El tribunal ha emitido su laudo en el que condena a Venezuela al pago de más de 1.600 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones en 2010 por el Gobierno de Hugo Chávez. El laudo está acompañado de una opinión disidente del árbitro argentino Gabriel Bottini.
Los demandantes reclamaban la indemnización por “la expropiación de sus inversiones en las empresas venezolanas Agroisleña, C.A., Sucesora de Enrique Fraga Afonso, Insecticidas Internacionales, C.A., Proyefa, C.A., y Venezolana de Riego, C.A.
Según comunicado de Agroinsumos en su página web sobre la resolución del tribunal, éste consideró que la expropiación: “constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela.” La condena del Tribunal a Venezuela asciende a “US$1.629.000.000,00 como compensación por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela, más intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente.”
En 2010, Hugo Chávez expropió las empresas del Grupo Agroisleña, además de Semillas Híbridas de Venezuela y demás filiales. Según un comunicado de la empresa datado en 2016 con motivo de la presentación de la demanda, además, el Estado venezolano se hizo con: “las instalaciones de las empresas, destituyó a sus juntas directivas y nombró juntas administradoras ad-hoc”, lo que provocó la pérdida del control de sus inversiones por parte de las sociedades españoles.
El tribunal formado por el colombiano Eduardo Zuleta (presidente designado por las partes), y los coárbitros argentinos Horacio A. Grigera Naón (designado por los demandantes) y Gabriel Bottini (designado por Venezuela) ha condenado a Venezuela en costas del arbitraje (US$1.108.819,24) y al pago de los gastos incurridos por Agroinsumos durante el desarrollo del procedimiento (US$16.308.725,30). Junto al laudo se recoge opinión disidente de Gabriel Bottini.
