El 10 de marzo de 2025 fue constituido el tribunal que decidirá en el arbitraje de inversiones de la minera Berkeley contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por la explotación de una mina de uranio en un pueblo de Salamanca. La minera cifra la demanda en 1.000 millones de dólares e invoca el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
La presidenta será Sabina Sacco, designada por acuerdo de las partes, y los coárbitros Klaus Reichert, designado por Berkeley, y Zachary Douglas, designado por España.
Sabina Sacco, fundadora de su propia firma Sacco Arbitration y con triple nacionalidad chilena, italiana y salvodoreña, ha participado en otros cinco arbitrajes CIADI, en cuatro ocasiones más liderando el trío de árbitros como presidenta (IJM v Argentina, Coeur Mining v. Mexico, Glencore v. Colombia y Liberty Seguros v. Venezuela), y en AFC v. Colombia como coárbitro.
Klaus Reichert, con doble nacionalidad alemana e irlandesa, Reichert es miembro de Brick Court Chambers, ha participado en 15 procedimiento CIADI. En 14 como co-árbitro y en uno como presidente. Algunos de los arbitrajes son: Liberty Seguros v Venezuela, Antin v España o MetLife v Argentina.
Zachary Douglas ha participado en cerca de 50 procedimientos CIADI. De doble nacionalidad suiza y australiana es miembro de Three Verulam Buildings Barristers 3VB. Su rol en los paneles CIADI se alarga en el tiempo y en tres ocasiones ha actuado como presidente, en cinco como counsel, en una solicitado como experto y en el resto como coárbitro. Algunos de los arbitrajes que han contado con su presencia son: Codelco-Ecuador, Omega-Panamá, Italba-Uruguay, Mathias Kruck-España, Stadtwerke München-España, Vidrios Los Andes-Venezuela, Koch Minerals-Venezuela o en los tres de Aguas de Barcelona contra Argentina como counsel.
La controversia
En febrero de 2021, la minera australiana Berkeley ya se mostró dispuesta a acudir al arbitraje contra España por su proyecto de mina de uranio en el campo de Salamanca, frustrado ante la ley sobre el cambio climático. La reclamación con la que se jugaba en aquel momento ascendía a alrededor de 500 millones de de euros por las inversiones en el proyecto.
En noviembre de 2021, recibió la notificación formal del MITECO de que había rechazado la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el proyecto de Salamanca, tras el informe desfavorable a la concesión emitido por la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear en julio de 2021.
En noviembre de 2022, la minera presentó una notificación de controversia de inversiones.
En abril de 2024, informó a través de “Información Privilegiada” a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que iniciaría el arbitraje de inversiones contra España.
