El Gobierno de El Salvador ha comunicado el aumento de una partida presupuestaria para su defensa en arbitrajes bajo el epígrafe “Acciones Legales a Favor del Estado”. El país recibió una demanda de arbitraje por parte de HSBC Latin American Holdings (UK) en septiembre de 2021 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La partida asignada asciende a 3.065.005 $ y presumiblemente será para cubrir los gastos que enfrenta El Salvador en el arbitraje de inversiones en CIADI.
HSBC Latin American Holdings perdió en 2019 un procedimiento con el empresario José Salaverría y fue condenado a pagarle 49,3 millones de dólares. Para HSBC, la conducta de los tribunales de El Salvador provocó que se vea ante una demanda de cerca de 50 millones de dólares y denuncia denegación de justicia y trato injusto por parte de «ciertas cortes de El Salvador en este asunto, incluyendo su máxima autoridad judicial». En la notificación de arbitraje, el HSBC explicaba que: «La violación de estas obligaciones internacionales significa que El Salvador deberá resarcir a HLAH con fondos públicos por las pérdidas causadas como resultado de su conducta».
HSBC está representado por Linklaters (Londres y Washington) y Novis Estudio Legal (San Salvador). La Fiscalía General de la República de El Salvador cuenta con las firmas Laborde Law (Francia) y Maqueo Barnetche, Aguilar y Camarena (México).
Últimos avances en este arbitraje
Las partes ya han nombrado a los coárbitros siendo el chileno Andrés Jana Linetzky la elección de HSBC y el francés Thomas Clay la de El Salvador.
Este arbitraje de inversiones es el quinto que enfrenta El Salvador ante el CIADI. Antes pasó por los arbitrajes de:
- la italiana Enel Green Power que finalizó con un acuerdo entre las partes en 2015 que contempló el cese de las operaciones de la compañía y la venta de sus acciones en la central geotérmica LaGeo a cambio de 280 millones de dólares.
- las estadounidenses Commerce Group Corp y San Sebastian Gold Mines fue desestimado en 2013 por no encontrarse bajo jurisdicción y competencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-América Central CAFTA;
- la estadounidense Pacific Rim Cayman que perdió la minera en 2016, en el que demandaba su derecho a explotar la mina El Dorado y que salvó El Salvador para defender los derechos sobre el agua de sus comunidades; y
- la española Inceysa Vallisoletana que reclamaba 122 millones de dólares en 2003 por la concesión de servicios de inspección de vehículos y que concluyó a favor de El Salvador.
