Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El Congreso mexicano rechazó hace unos días la reforma eléctrica impulsada por su presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y que había recibido críticas tanto desde el exterior como en el interior del país. AMLO explicó que contaba con un “plan B” ante la ambición de empresas y otros actores extranjeros sobre los recursos naturales de México. La reforma de la Ley Minera, con la restricción anunciada para que las empresas extranjeras no entren en el mercado del litio mexicano, fue aprobada casi inmediatamente después de rechazarse la de la industria eléctrica. La industria minera y la ICC México han advertido de la situación desfavorable que se le planteará al Gobierno mexicano.

El 17 de abril de 2022, la Cámara de Diputados mexicana rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que requería de una mayoría de las dos terceras partes.

En su habitual conferencia de prensa, López Obrador acusó a los diputados que votaron en contra de apoyar los intereses extranjeros y empresariales: “francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, robar […]”. Hizo referencia también a las acusaciones en contra de la reforma por poner en riesgo los tratados internacionales citando expresamente las palabras de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien expuso que la reforma atenta contra el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y provocaría el recurso de los inversores extranjeros al arbitraje internacional.

Tras el rechazo de la reforma a la industria eléctrica, el presidente mexicano advirtió de un “plan b” contra los intereses de empresas extranjeras. Una de las vías impulsadas es la Ley Minera con la que busca nacionalizar el litio mexicano y evitar las concesiones a empresas extranjeras sobre el mineral. La Cámara de Diputados ya aprobó la semana pasada las modificaciones a la ley minera que ahora requiere pasar por el Senado.

El uso exclusivo mexicano del litio en su exploración, explotación y producción o la creación de una empresa estatal para toda la gestión sobre la explotación del mineral están en los planes del presidente de México.

ICC Mexico advierte de los conflictos con las concesionarias extranjeras

La CCI de México (Mexico International Chamber of Commerce – ICC Mexico) ha advertido, a través de un comunicado, de que esta reforma a la Ley Minera contradice compromisos asumidos en tratados como el Acuerdo Transpacífico y otros Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIS) lo que conllevaría que el Gobierno mexicano se viera en la tesitura de indemnizar a las empresas con concesiones mineras (existen concesiones a la explotación de litio en México a empresas de Australia, Canadá, China y Reino Unido).

Para la CCI de México los artículos 9.12 y 10.7 del Acuerdo Transpacífico prohíben a las partes modificar su marco normativo para restringir actividades o sectores productivos que no se reservaron previamente en el tratado.

La industria minera informa de pérdida en inversiones

La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y la Cámara Minera de México (Camimex) han advertido en un comunicado que: “Para el sector industrial mexicano es fundamental contar con un marco legal claro, transparente y confiable con el fin de atraer proyecto e inversiones”.

En el comunicado advierten de la necesidad de fuertes inversiones para gestionar los yacimientos de litio: “En el caso del sector minero, es primordial que recupere competitividad para continuar impulsadon a México y apoyando en la consecución de los objetivos del Gobierno federal. Para ello, es necesario asegurar que existan canales de comunicación y cooperación entre el Gobierno y las empresas” (ver “‘Espanta’ reforma minera 24 mil mdd“, pressreader, 21.04.2022).

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