Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El 10 de marzo de 2022, el juez de un tribunal del distrito de Columbia ha denegado la solicitud de Pakistán de mantener la suspensión de la ejecución del laudo de 6.000 millones de dólares a favor de Tethyan Copper Company, perteneciente a la chilena Antofagasta Minerals, propiedad del grupo chileno Luksic y la minera australiana Barrick Gold.

El juez Trevor N. McFadden señala en su decisión que Pakistán admitió que sus posibilidades de éxito en el procedimiento de anulación en curso eran inferiores al 30%, por lo que esas esperanzas son “solo ilusiones” (ver “Pakistan Can’t Get $6B Award Suit Paused“, Caroline Simon, Law360, 11.11.2022) y no bastaban para mantener en suspenso el laudo.

El laudo

El 12 de julio de 2019, el tribunal bajo administración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del procedimiento del arbitraje Tethyan Copper v Pakistán condenó a Pakistán a afrontar un pago de más de 4 millones de dólares más intereses hasta la fecha de la adjudicación por la denegación del arrendamiento minero de cobre Reko Diq.

El tribunal lo formaron el alemán Klaus Sachs (presidente), el búlgaro Stanimir A. Alexandrov (designado por la demandante) y el británico Leonard Hoffmann (designado por la demandada).

El 9 de agosto de 2019, los demandantes presentaron la petición para confirmar el laudo ante un tribunal estadounidense del Distrito de Columbia, y en noviembre Pakistán presentó la anulación del laudo ante CIADI.

El conflicto y el arbitraje

El foco del conflicto es Reko Diq, el proyecto más ambicioso de Antofagasta fuera de Chile, y que representa una de las mayores reservas de cobre en Pakistán y en el mundo localizado en la provincia pakistaní de Balochistán.

A mediados de 2010, Tethyan presentó el estudio de viabilidad del proyecto al Gobierno de Balochistán y solicitó la licencia para la explotación y el contrato de arrendamiento. A finales de 2011, Balochistán rechazó su solicitud. La inversión en el proyecto, cuyo inicio era esperado para 2015 previa aprobación del Mineral Agreement junto al Gobierno, asciende a 3.300 millones de dólares y se preveía la producción de 190 mil toneladas de cobre al año y 280.000 onzas de oro.

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