El secretario de Justicia británico Alex Chalk anunció la semana pasada los planes para cambiar las leyes que regulan la financiación de litigios, después de que la sentencia PACCAR provocara la duda de si la financiación por terceros podía respaldar determinados casos judiciales.
El verano pasado, el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió una decisión respecto a una cuestión de interpretación legal, en el contexto de la financiación de litigios por terceros (third party funding), que ponía en riesgo esta herramienta en el sector del arbitraje internacional. La decisión estimaba como acuerdo de indemnización de daños y perjuicios los acuerdos de financiación de terceros, por lo que éstos debían someterse y cumplir las condiciones legales que los regulan para que pudieran ser aplicables.
La decisión adoptada el 26 de julio de 2023 en el caso “R (on the application of PACCAR Inc and others) (Appellants) v Competition Appeal Tribunal and others (Respondents)” implicaba que la mayoría de los acuerdos de financiación de litigios existentes en el Reino Unido no se pudiera ejecutar.
Alex Chalk se comprometió la semana pasada a revertir los efectos perjudiciales de la sentencia en cuanto tenga oportunidad legislativa (“Lawyers: Pledge to protect litigation funding welcome – but devil’s in the detail“, Maria Ward-Brennan, CityA.M., 19.01.2024).
Este compromiso se vio reforzado por la concienciación en torno al papel de la financiación de litigios en el acceso a la justicia de los funcionarios de correos en el conocido escándalo “British Post Office scandal” (ver “Post Office scandal explained: What the Horizon saga is all about“, Kevin Peachey, Michael Race & Vishala Sri-Pathma, BBC News, 17.01.2024).
La sentencia del caso PACCAR se dio en el contexto de una serie de procedimientos colectivos en los que se solicitaba una compensación por los supuestos precios más altos pagados por camiones como resultado de la infracción de la legislación europea sobre competencia. Para obtener una orden de procedimiento colectivo del Tribunal, las compañías debían demostrar que contaban con mecanismos de financiación adecuados para hacer frente a sus costas y a cualquier condena adversa. Las compañías (UK Trucks Claim Ltd. UKTC y Road Haulage Association RHA Ltd.) se basaron en las acuerdos de financiación de terceros para cumplir estos requisitos y presentar su demanda contra grandes grupos fabricantes de camiones.
El Tribunal británico sentenció que los fondos que apoyaron las demandas contra los grandes fabricantes no contaban con los mecanismos financieros correctos para respaldar las acciones judiciales, lo que arrojó serias dudas sobre el sector de la financiación de litigios.
