La Unión Europea ha instado a Argelia a revertir la suspensión de su tratado de amistad de 2002 y congelación de las operaciones bancarias de comercio exterior con España, anunciada esta semana y provocada por la posición tomada por el Gobierno español hace unos meses sobre el Sáhara Occidental reconociendo el plan de Marruecos de darle autonomía, en lugar de independencia. La situación planteada dibuja un panorama incierto para las empresas españolas con intereses en Argelia que, si ven amenazadas sus inversiones, podrían recurrir al arbitraje internacional. Desde el Gobierno español también se ha advertido de la posibilidad de optar al arbitraje internacional si el suministro del gas fuera cortado.

La ruptura comunicada por Argelia amenaza los lazos comerciales y un sector fuertemente estratégico en estos momentos, el suministro de gas natural argelino: un 30% del gas español se canaliza vía Argelia.

Tras las declaraciones del Gobierno argelino del pasado miércoles, la UE pidió a Argelia, ayer jueves 9 de junio de 2022, que dé marcha atrás en su decisión de suspender el tratado de cooperación con España como miembro de la UE, y le urgió al diálogo para resolver el conflicto.

La suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación ha tenido una reacción rápida del Ejecutivo español. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, advirtió de que España podrá acudir a arbitraje internacional si Argelia opta por cortar el suministro de gas -en una entrevista radiofónica para la emisora Onda Cero, a través de la agencia Servimedia y recogida por The Objective (“Teresa Rivera advierte a Argelia: España acudirá a tribunales y arbitrajes si corta el gas“, R.T.O., 09.06.2022)-.

Para Ben Sanderson, Of Counsel y responsable de la práctica global de Arbitraje Internacional en DLA Piper: “Los inversores españoles en Argelia han de tomar las medidas necesarias para proteger los derechos que les corresponden según el derecho internacional. La acción que Argelia ha tomado recientemente para bloquear el comercio con España no es solo un acontecimiento de fuerza mayor que afecta a los contratos, sino que probablemente también suponga el incumplimiento del tratado bilateral para la protección de las inversiones de inversores españoles en Argelia. Además de conservar sus derechos contractuales, los inversores han de plantearse de qué manera podrían beneficiarse plenamente de esta salvaguarda independiente que ofrece el derecho internacional.”

En el caso del contrato que mantiene Naturgy con la estatal Sonatrach, Francisco Reynés, presidente de la española, ha asegurado a la prensa que la situación no afecta a sus operaciones, ya que el contrato de gas se firmó hasta 2030, pero que, en caso de incumplimiento, la argelina tendría que enfrentar un arbitraje internacional (ver “Naturgy se libra del bloqueo bancario argelino porque realiza pagos directos a Sonatrach“, Carmen Monforte, Cinco Días, 10.06.2022).

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