Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Diego García Carrión, socio de García Feraud & Hijos y Procurador General del Estado de Ecuador entre 2008 y 2018, analiza algunos aspectos de interés en el arbitraje comercial Gente Oil vs. República del Ecuador y razona por qué los hechos precedentes y la emisión del laudo, junto a las disidencias parciales de dos de los árbitros, supondrán una continuación de este arbitraje.

En un reciente laudo de un Tribunal bajo reglas CNUDMI, administrado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en un arbitraje comercial planteado por la empresa GENTE OIL ECUADOR en contra de la República del Ecuador, se ha declarado la violación del contrato por parte del Estado ecuatoriano, representado en principio por la Secretaría de Hidrocarburos y luego por la Administración Pública Central, a través del Ministerio Sectorial, condenando al Estado al pago de los daños causados, aunque sin que se declare la terminación del contrato como consecuencia de tales violaciones.

El laudo no ha sido unánime, ha sido resuelto por mayoría, con discrepancias y disidencias parciales en algunos aspectos de la decisión.

El Tribunal concluye “que (i) la Secretaría incumplió la obligación de resultado de asegurar la recepción del crudo del Bloque Singue en el CFE Sansahuari; y (ii) la Demandada ha incumplido la obligación de resultado de no reducir el Ingreso Disponible, al aumentar de manera injustificada los Costos de Transporte del Estado”¹. Una discusión importante se desarrolla en relación a si la obligación de la demandada era de medio o de resultado, descartándose que hubiera sido suficiente el que la demandada haga su mejor esfuerzo por recibir el crudo disponible, cuando estaba obligada a recibir la totalidad, por tratarse de una obligación de resultado.

El aumento unilateral y sin justificación del costo del transporte, por parte de la Administración central del Ecuador, es el otro aspecto que genera la vulneración contractual.

Actuaciones de terceros ajenos al contrato

Un tema novedoso en este laudo tiene relación con las actuaciones de terceros ajenos al contrato y, por tanto, no sometidos a la cláusula arbitral, particularmente respecto a las actuaciones de los entes autónomos de control del Estado, como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado.

El Tribunal considera, por mayoría, que las actuaciones de estos entes autónomos del Estado, que no son parte contractual, no pueden generar en forma directa un incumplimiento contractual, en la medida en la que la Administración no haya podido interferir en sus competencias, fuera de control de la Administración central. Sin embargo, podrían haber generado un incumplimiento contractual, si la Secretaría de Hidrocarburos hubiere actuado con ocasión de las decisiones de los órganos de control, particularmente en relación al informe de la Contraloría General del Estado, declarado nulo en la justicia ordinaria.

Algunas expresiones del Tribunal se pueden destacar, como cuando se refieren a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado en su informe expresando que “los fundamentos de tal Recomendación (la de la CGE) son inexistentes, erradamente analizados y contrarios al equilibrio económico del Contrato”². El cumplimiento de las recomendaciones de la CGE por parte de la Secretaría de Hidrocarburos, de haberse dado, pudiera haberle generado a ésta, responsabilidad bajo el contrato.

También reviste importancia el que la mayoría del Tribunal le atribuya responsabilidad a la Administración central, bajo el contrato, cuando la Procuraduría actúa en su representación. Esta apreciación del Tribunal -aunque discutible- obliga a un mayor cuidado y coordinación de la defensa del Estado en sus actuaciones futuras, pues por primera vez se ve en la posición de que sus actuaciones generen responsabilidad al Estado.

Dos actuaciones de la PGE recoge el Tribunal, dentro del análisis de la responsabilidad de la Administración central por daño moral generado a la demandante: “Pues bien, en ese escrito (la acusación particular) la Procuraduría insistió en las posiciones del MEF de 2015 y (a) describió el Contrato como si no contuviese la cláusula de acumulación, y como si GOE percibiera siempre la Tarifa de US$ 33,501556, distorsionando así el supuesto perjuicio sufrido por el Estado, y (b) respaldó el cálculo de daños de US$ 28,4 millones que había hecho, a instancias de la Fiscalía, la perito Nuvia Almeida, un informe que contiene errores que fueron puestos de manifiesto por la Secretaría en su momento y por el propio Ministerio Sectorial.”³

Considerando los aspectos abordados en las diferentes opiniones de los árbitros, seguramente podemos esperar que este laudo no sea el final de la controversia.


¹ Párrafo 1229 del laudo.

² Párrafo 1017 del laudo.

³ Párrafo 1267 del laudo.

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.