Entre los “Laudos Arbitrales y Sentencias Ejecutoriadas” en contra del Gobierno de Panamá, informe hecho público por el Gobierno, está el monto declarado de más de 23,2 millones de dólares del arbitraje mantenido con el conocido como Consorcio Van Dam resuelto en mayo de 1999.
La licitación del puente que llevaría el nombre “Simón Bolívar”, un puente de 18 km de longitud pensado para atravesar el Canal y la autopista Panamá-Arraiján, se produjo en 1980 por un total de 100 millones de dólares al Consorcio integrado por la venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam y la panameña Sosa Barbero Constructores, con la financiación del Fondo de Inversiones de Venezuela. Sin embargo, tres años después el gobierno panameño canceló los trabajos debido a problemas para financiarlos.
El consorcio Van Dam decidió llevar su reclamación a arbitraje ante la Cámara de Comercio de Panamá reclamando 148 millones de dólares al estado panameño (ver “Van Dam, un fantasma de casi $50 millones“, Crítica en línea, julio 2016).
El 20 de mayo de 1999, el tribunal arbitral al cargo emitió laudo a favor del consorcio reconociéndole una indemnización de la que aún le queda por recibir 22,3 millones de dólares.
Según información “Panamá: Estado enfrenta fallos en contra por 305 millones de dólares“, (La Prensa, Roberto González Jiménez, 14.09.15) nunca se concretó el convenio de pagos previsto; y en información citada de Crítica en línea se explica que “el consorcio debe entregar los planos bienes, obras ejecutadas y las partes metálicas del puente Simón Bolívar almacenadas en la ciudad de Victoria, Estado de Aragua.”
