Las declaraciones de Walter Martello, interventor del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) argentino, a inicios de la semana pasada contra la concesión del servicio de distribución eléctrica de la compañía energética Edesur, propiedad de la italiana Enel, hicieron saltar todas las alarmas de la compañía ante lo que podría suponer un nuevo arbitraje de inversiones.
El 13 de febrero de 2023, la secretaria de Economía Flavia Royón fue tajante en su cuenta de Twitter al afirmar que: “No nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa EDESUR.”
Tras la situación provocada, en la que se habló de intervención (ver “Edesur ve en su posible estatización la luz verde para hacer un nuevo juicio ante el Ciadi“, Fabián Quintá, Perfil, 18.022023), el Gobierno argentino retrocedió en su pretensión y tres días después, el ministro de Economía argentino Sergio Massa confirmaba, también en Twitter, la multa de mil millones de pesos a la entidad: “He instruido a la Secretaría de @Energia_Ar y al Ente Regulador para aplicar una multa de mil millones de pesos a la empresa Edesur por los problemas en los servicios.”
La propia empresa, en un comunicado, expresó, tras la reunión mantenida con el Gobierno argentino que éste “no tiene intención de intervenir en la operación de la empresa, ni cambiar la situación patrimonial de Edesur” (ver “Gobierno vs. Edesur: la empresa celebra que “no tienen intención de intervenir”“, Clarín, 16.02.2023).
El conflicto tiene su origen en los cortes de luz que sufren los usuarios de Edesur, con un contrato de servicio eléctrico de hace 30 años, en el sur de Buenos Aires y alrededores.
En el comunicado, firmado por el country manager de Enel Argentina Claudio Cunha, éste explica que la solución a los cortes, “producto de una demanda histórica”, “pasa porque las empresas puedan disponer de los recursos suficientes para operar, mantener y realizar las inversiones que el sistema requiere […]” (ver “El Gobierno y Edesur afirman que no habrá intervención ni expropiación“, María Julieta Rumi, (pressreader) La Nación, 17.02.2023).
Finalmente, el Gobierno argentino optó por instaurar un observador que monitoree la actividad de la empresa.
