Durante estas semanas se suceden en la sede de Washington del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) las audiencias de dos importantes arbitrajes de inversiones contra dos países de Iberoamérica: AES Corporation v. Argentina y SMM Cerro Verde v. Perú. Ambas audiencias fueron anunciadas por sus respectivos tribunales en el mes de enero.
La reclamación de la estadounidense AES Corporation a Argentina se basa en desacuerdos en la aplicación de mecanismos de ajuste y cálculo de tarifas, previamente acordados, en varias empresas de generación y distribución de electricidad en Argentina en las que mantendría sus inversiones. El tribunal de este arbitraje lo forman: el mexicano Ricardo Ramírez Hernández, como presidente, y del canadiense Stephen L. Drymer, designado por el demandante, que junto al español Domingo Bello Janeiro completan el tribunal de un arbitraje que se inició en diciembre de 2002.
Se trata de un largo arbitraje, que ha sido suspendido en numerosas ocasiones por petición de las partes, pero que revivió en diciembre de 2019. La demandante invoca el incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones Argentina-Estados Unidos (1991) y reclama expropiación indirecta y la vulneración del principio de trato justo y equitativo, entre otros.
En abril de 2022 fue rechazada la propuesta de descalificación del tribunal completo presentada por parte de Argentina en noviembre de 2021.
Chaffetz Lindsey, Freshfields Bruckhaus Deringer y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi llevan la defensa de la demandante. Dechert asesora a Argentina.
SMM Cerro Verde v. Perú
El origen de la disputa de la holandesa SMM Cerro Verde con Perú se relaciona con un conflicto con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) unido a un acuerdo de estabilidad fiscal de 1998 que la compañía firmó con el gobierno peruano; e impuestos originados en el período 2006-2008. A finales de 2019, la compañía pagó 711,1 millones de soles por regalías durante esos años (más de 214 millones de dólares).
En mayo de 2020, la holandesa, que posee una participación del 46,44 por ciento en la concesión minera Cerro Verde, en la región de Arequipa, uno de los productores de cobre más importantes del Perú, inició el arbitraje ante CIADI invocando el Tratado Bilateral de Inversiones Países Bajos-Perú (1994).
El tribunal de este arbitraje lo forman: la británica Juliet Blanch (presidente), el argentino y estadounidense Óscar Garibaldi y el germano-mexicano Claus Von Wobeser.
En octubre de 2022, Perú autorizó el acceso a documentación, que posee su organismo tributario, relacionada con empresas implicadas en este arbitraje de inversiones. El Gobierno del entonces presidente Pedro Castillo, a través de un Decreto Supremo, habilitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para otorgar información a la Comisión Especial de representación del Estado en las Controversias Internacionales de Inversión, que tenga relación con el arbitraje iniciado por SMM Cerro Verde en mayo de 2020, de las empresas: Compañía Minera Antapaccay S.A., Minera Yanacocha S.R.L., Compañía Minera Milpo S.A.A. y Minera Barrick Misquichilca S.A..
Debevoise & Plimpton, Nagashima Ohno & Tsunematsu y Rodrigo, Elias & Medrano. Sidley Austin, Stanimir A. Alexandrov y Estudio Navarro & Pazos Abogados acompañan la defensa de la Comisión Especial que Representa a la República del Perú en Controversias Internacionales de Inversión.
