Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, ha tachado de abuso y de absurda la demanda de arbitraje de Odebrecht contra el gobierno colombiano vía el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado con España en 2005.
El 3 de agosto de 2018, la Red de Justicia Tributaria colombiana publicó un comunicado en el que informaba de que una demanda de arbitraje de 3,8 billones de pesos colombianos (cerca de 1,2M$US) de la brasileña Odebrecht contra Colombia se estaba gestionando a través del APPRI con España.
El titular del comunicado decía: “España sería copartícipe de la demanda de Odebrecht a Colombia“, y explicaba como la brasileña está utilizando su subsidiaria en España Odebrecht Latinvest Transport Colombia SL “para aprovechar el acuerdo y demandar al país”.
Ahora, Camilo Gómez, en una entrevista al medio El Tiempo (ver “¿Odebrecht podrá volver a contratar con el Estado colombiano?“, María Isabel Rueda, El Tiempo, 13.11.2018) opina que la demanda “[…] es un típico abuso del derecho de un inversionista” y que se trata de un “abuso del Tratado, abuso de la fórmula de arbitraje“.
La demanda
Odebrecht ha demandado a Colombia por “expropiación ilegal de sus intereses” amparándose en el artículo 4 del APPRI España-Colombia.
La constructora brasileña era concesionaria de dos proyectos en Colombia, una autopista y la concesión sobre una vía navegable que fueron liquidados por el Gobierno colombiano tras el escándalo de la corrupción (ver “Constructora brasileña Odebrecht demanda a Colombia por 1.313 mln dlr“, Reuters, 03.08.2018).
En la demanda enviada al Gobierno colombiano, Odebrecht indica que: “Con fundamentos en las afirmaciones fácticas y legales expuestas en la presente, que sustentan cada reclamación, la presente carta constituye una notificación formal de disputa conforme al artículo 10 del APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones). España reclama la indemnización y el resarcimiento de los daños causados a sus inversiones por las múltiples violaciones a sus obligaciones asumidas bajo el acuerdo” (ver “Odebrecht demanda al Estado colombiano por 3.8 billones de pesos“, BLU Radio, 02.08.2018).
En el marco del Acuerdo con España está en curso la demanda de Telefónica por 2,8 billones de pesos colombianos, la de Gas Natural Fenosa por 4,6 billones y ahora se suma esta de Odebrecht.
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