El próximo mes de agosto vencerá el Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto minero peruano Tía María, en la región de Arequipa, paralizado desde 2015 y en el que la minera estadounidense Southern Copper espera la luz verde del Gobierno de Perú para proseguir sus trabajos, después de las protestas y los graves altercado -incluso con muertes- que se sucedieron hace cuatro años. Si el sí a las operaciones no se produjera, el Gobierno peruano podría verse ante un millonario arbitraje.
La semana pasada el presidente de Perú Martín Vizcarra explicaba la necesidad de un mayor diálogo para encauzar bien el proyecto de mina de cobre y plata de Tía María. El próximo 1 de agosto vence el plazo para que Sothern Copper pueda obtener la licencia de construcción y evitar así un posible arbitraje millonario como se recoge en el artículo “Gobierno de Perú anticipa extensión de plazos en Tía María” publicado el pasado 17 de junio en BNAmericas.
A principios de mayo de este año Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Copper, en declaraciones recogidas por El Comercio, explicaba que: “Hemos cumplido con todas las exigencias de ingeniería y requerimientos ambientales, de acuerdo a ley. En ese sentido, confiamos en que Tía María pueda seguir trabajando con la población de Islay e iniciar sus actividades de construcción cuando sea apropiado” (ver “Southern espera recibir autorización de construcción para el proyecto Tía María“, 03.05.2019).
En febrero, el ministro de Energía y Minas Francisco Ismodes indicaba en declaraciones publicadas por Reuters que su gobierno probablemente otorgara a Southern Copper Corp una licencia de construcción para su proyecto Tia Maria antes de que expirara el permiso ambiental en agosto (ver “Peru plans to give Southern Copper key permit for long-delayed project: minister“, 01.03.2019).
Tía María se ve por otras compañías que prevén invertir en el sector minero peruano como una clave para implementar sus operaciones o no hacerlo. S
