Finley Resources Inc., MWS Management Inc., y Prize Permanent Holdings, LLC, que presentaron una solicitud de arbitraje de inversiones contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) la semana pasada, demandan el incumplimiento de un contrato con Petróleos Méxicanos Pemex.

La compañías estadounidenses reclaman 150 millones de dólares invocando las violaciones de los tratados TLCAN y T-MEC ante el incumplimiento de un contrato proveniente de una licitación de hace una década relacionada con un proyecto en Veracruz.

El conflicto ha pasado por tribunales locales, en el que las empresas reclamaban pagos a proveedores comprometidos por Pemex.

La notificación de intención de acudir a arbitraje fue notificada al gobierno mexicano en julio de 2020.

México y su política de reformas energéticas

Al margen de que la controversia no esté directamente relacionada con la aprobación reciente de la Ley de Hidrocarburos mexicana, los inversores internacionales están en pie de guerra, y a las demandas ya presentadas pueden sumarse muchas otras en próximos meses.

En una carta dirigida a los secretarios de Estado, Economía, Energía y a la representante de Comercio de la Administración Biden, el American Petroleum Institute (API) reclamó, la semana pasada, el incumplimiento por parte de México de compromisos incluidos en los tratados internacionales, en detrimento de los intereses de las compañías estadounidenses del sector.

Otra carta anterior, enviada en junio de 2020 al gobierno de Donald Trump, señalaba ya las medidas discriminatorias adoptadas por el gobierno mexicano, y denunciaban el incremento de dichas medidas en alcance y en gravedad, para cambiar los fundamentos del sector energético en México.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexicano explicó en referencia a la reforma eléctrica, a través de un comunicado hace un año, que: “erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes. Sin motivación técnica sólida ni fundamento jurídico plenamente justificado, el Cenace ha desatendido su mandato legal de salvaguardar la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional y la competencia en el mercado eléctrico, lo cual impacta negativamente a miles de consumidores en el sector comercial e industrial”.

En el comunicado el CCE hizo especial referencia a la posibilidad de que la iniciativa privada tome medidas legales y añade que: “La generación de electricidad con energías renovables, que representa inversiones por más de 20 mil millones de dólares en nuestro país, es una actividad económica esencial para el desarrollo de México. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades a promover la unión y la solidaridad nacional en este momento de emergencia, y a eliminar prácticas anticompetitivas que lastimen el marco jurídico nacional“.

Estos y otros testimonios alertan de la situación a la que se puede ver abocado México en próximos meses.

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