Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Un grupo de congresistas de Estados Unidos encabezados por Jesús G. “Chuy” García han  dirigido una carta al secretario de Estado Antony J. Blinken para expresar su apoyo a la Resistencia Pacífica La Puya en su defensa de la salud y el agua de las comunidades guatemaltecas de San José de Golfo y San Pedro Ayampuc, afectadas por el proyecto minero de oro propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) y origen de un arbitraje presentado por las empresas contra Guatemala en 2019 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Los congresistas mantienen que escriben para expresar su preocupación por la posibilidad de agresión contra el movimiento de La Puya, en relación con la demanda de arbitraje internacional de KCA contra el gobierno de Guatemala y el proceso de consulta ordenado y solicitan el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para asegurar una respuesta efectiva.

Explican que en 2015, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó a KCA suspender las operaciones de la mina por falta de consulta previa con las comunidades afectadas y de ahí la demanda a Guatemala bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA) por más de 400 millones de dólares ante CIADI.

Nos preocupa que las empresas mineras recurran cada vez más a este tipo de arbitraje

“Nos preocupa que las empresas mineras recurran cada vez más a este tipo de arbitraje cuando los proyectos se bloquean debido a la legítima oposición de las comunidades que buscan defender su agua, un medio ambiente sano y sus derechos a la tierra y a la autodeterminación.” Aseguran en el documento y hacen referencia a la represión que llevó a cabo la empresa junto a la policía nacional contra la resistencia comunitaria. También se refieren a la ilegalidad del proyecto minero y a la violación del 50% de las obligaciones ambientales y en relación con el procedimiento en CIADI: “nos mantendremos vigilantes mientras el proceso de arbitraje avanza.”

Exhortan a que los procesos de consulta sean realizados con el máximo respeto al derecho de las comunidades a participar de manera libre y segura e instan a que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala no brinde apoyo a la empresa si lo solicita y evite prestar “servicios a una empresa que actúa sin respetar la ley, la protección del medio ambiente y el consentimiento libre, previo e informado de los afectados.”

La Resistencia Pacífica La Puya ha mantenido un campamento de protesta en la entrada de la mina desde el 2 de marzo de 2012.

La carta está firmada, además de por Chuy García por: Jamaal Bowman, Cori Bush, Joaquín Castro, Raúl M. Grijalva, Pramila Jayapal, James P. McGovern, Ilhan Omar, Mark Pocan, Jan Schakowsky, Rashida Tlaib y Norma J. Torres.

Origen e historia del arbitraje

En 2011 Exmingua consiguió la concesión y licencia de explotación de 25 años, y un certificado de exportación de oro y plata renovable por un año en Tambor. Tenía licencia de exploración para Santa Margarita desde 2005.

En 2012, los vecinos de las comunidades cercanas comenzaron sus protestas con el bloqueo de los accesos a la mina de oro el Tambor. A partir de ese momento graves denuncias contra los derechos humanos se dieron en la prensa, se relacionaban con la resistencia contra el trabajo en la mina. Una de las más graves tuvo lugar en septiembre de 2013 contra la comunidad maya de Nacahuil: once personas fueron asesinadas (ver “Masacre en la comunidad maya kakchikel de Nacahuil, opositora a la Mina El Tambor“, Diagonal, 09.09.2013).

Los demandantes afirman consideraron que el Estado no tomó medidas significativas o efectivas para detener este bloqueo.

En mayo de 2014 la policía nacional guatemalteca rompió el bloqueo y desalojó a los manifestantes reanundándose las actividades de explotación.

En 2016, el Tribunal Supremo suspendió las actividades mineras tras una demanda presentada por la ONG Calas, en la que invocaba el no cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

A finales de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional de Guatemala dictaminó que el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco no consultó a las comunidades locales afectadas (San José del Golfo y San Pedro Ayampuc) en el momento de aprobar el permiso para el proyecto, por lo que violó los derechos de las comunidades indígenas cercanas, como fue el caso del pueblo La Puya.

Kappes, Cassiday and Associates, Exmingua, junto a Radius Gold (minera canadiense implicada también en el proyecto), consideraron la orden del tribunal inconsistente y pidieron su revocación.

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