El 6 de febrero de 2024, un comité ad hoc formado con motivo de la solicitud de anulación presentada por España contra el laudo de 23 millones y medio de euros a favor de la compañía japonesa JGC Holdings rechazó la petición del Gobierno español y cerró el procedimiento.
El comité ad hoc formado por la costarricense Dyalá Jiménez Figueres (presidente), la canadiense e italiana Tina M. Cicchetti y el británico y nigeriano Ucheora Onwuamaegbu ha rechazado anular el laudo emitido el 9 de noviembre de 2021 por el tribunal original de este arbitraje: Hi-Taek Shin (presidente), August Reinisch (designado por la japonesa y que sustituyó a Rudolf Dolzer tras su fallecimiento) y Mónica Pinto (designada por España), que incluyó una Opinión Parcial Disidente con respecto a la evaluación de algunas de las cuestiones disputadas y algunos elementos para el cálculo del Quantum.
La conclusión del Tribunal fue que los cambios regulatorios introducidos por España a través de Reales Decretos publicados en 2012, 2013 y 2014, así como las medidas posteriores constituyeron un incumplimiento de su obligación en virtud del artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía.
El 14 de marzo de 2022, España presentó la solicitud para la anulación del laudo de 23 millones y medio de euros más intereses y costas.
La compañía japonesa presentó este arbitraje en junio de 2015 y en su demanda reclamaba a España 93,5 millones de euros, por las reformas que afectaron a las energías renovables impulsadas por el Gobierno de España entre 2010 y 2014.
JGC tiene participación en dos plantas de energía solar en la provincia española de Córdoba.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Madrid, y Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokyo, han defendido los intereses de la japonesa. La Abogacía General del Estado representa a España.
