La jueza de un Tribunal del Distrito de Columbia (EE.UU.) Tanya S. Chutkan ha permitido que la Comisión Europea apoye a España en su lucha contra la ejecución del laudo a favor de la luxemburguesa Novenergia y que concedió a esta última más de 53 millones de euros en relación a su inversión en energías renovables.

La decisión de la jueza Chutkan se produjo el 23 de septiembre y la Comisión Europea alega que: “Al igual que el tribunal arbitral en Achmea, un tribunal arbitral constituido bajo el Tratado de la Carta de la Energía está más allá de la supervisión y el control del sistema de la UE, y por lo tanto sus pronunciamientos sobre asuntos de derecho de la misma representan una amenaza para la integridad del orden legal de la UE y los principios de cooperación sincera y confianza mutua aplicable”.

En octubre de 2018, la defensa de España presentó la declaración de Steffen Hindelang, acreditado experto en Derecho de la Unión Europea, para apoyar su petición de no cumplir el laudo a favor de Novenergia. Hindelang tras exponer, entre otros, que la legislación de la Unión Europea tiene prioridad y anula, en caso de conflicto, cualquier normativa creada por Estados miembros, en el epígrafe dedicado al pago del laudo a Novenergia afirma que éste violaría la legislación de la UE explicando que:

  • los Tratados de la UE prohiben a los Estados miembros de la Unión otorgar subsidios a actores privados (“ayudas estatales”) que puedan amenazar la competencia dentro de la UE;
  • en su Decisión 7384 de 10 de noviembre de 2017, la Comisión Europea aplicó estos factores en relación con los arbitrajes, como es el caso del iniciado por Novenergia, que se iniciaron contra España, que buscan una compensación por las reformas reglamentarias que España adoptó en el sector de la energía solar;
  • que las adjudicaciones que requieren el pago de una compensación constituirían ayuda estatal y, por lo tanto, los tribunales de arbitraje no son competentes para autorizar el otorgamiento de ayuda estatal y si se otorga una compensación la indemnización se tendría que notificar como tal y no puede pagarse a menos que lo autorice la Comisión, como sería en el caso de España;
  • el Laudo tendría que ser financiado con los recursos estatales de España, con lo que se calificaría como ayuda estatal. Por lo tanto, está sujeto a la obligación impuesta por el artículo 108 (3) del TFUE de que un Estado miembro de la UE no puede poner en práctica ninguna medida que constituya ayuda estatal, a menos que la Comisión Europea lo apruebe.

El arbitraje Novenergia-España

Novenergia, que presentó la demanda ante la Stockholm Chamber of Commerce, SCC, en 2015, reclamaba 60,4 millones de euros invocando el TCE por las reformas normativas de 2013 que reducían los incentivos a la generación de energía renovable impulsados por el gobierno español en 2000 y 2005.

El arbitraje fue administrado bajo el Reglamento de la SCC y el tribunal lo componían el sueco Johan Sidklev (presidente), el italiano Antonio Crivellaro, designado por la demandante, y el mexicano Bernardo Sepúlveda Amor, designado por España.

En mayo de 2018, el Tribunal consideró que las medidas tomadas (relacionadas con la reforma energética de las renovables) fueron radicales e inesperadas.

En esos días se conoció la decisión de la Corte de Apelaciones sueca de suspender de manera indefinida el laudo tras el recurso presentado por el Gobierno español, el tribunal sueco tuvo en cuenta la decisión sobre el caso “Achmea“.

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