El 20 de mayo, comenzaron las audiencias de Jurisdicción y Fondo, que se prolongarán hasta el próximo jueves, del arbitraje de inversiones entre la minera Glencore y Bolivia, relacionado con la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el centro minero de Colquiri.
Un equipo de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP defiende a la minera, mientra que la defensa de Bolivia la encabezan el procurador general del Estado Pablo Menacho y Eduardo Silva Romero, de Dechert (París) LLP.
Según el comunicado hecho público en la página web de la Procuraduría General de Bolivia, Pablo Menacho “hizo conocer al Tribunal Arbitral sobre la adquisición ilegal de los activos en litigio por parte del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada que a la fecha enfrenta un Juicio de Responsabilidades.”
Las fundiciones de estaño y de antimonio en Vinto y el arrendamiento de la mina de Colquiri fueron nacionalizadas por el Estado boliviano en “2007, 2010 y 2012, respectivamente, debido a las ilegalidades cometidas en el proceso de privatización y a los graves conflictos sociales ocurridos en Colquiri a mediados del año 2012”, según la información de la Procuraduría.
Glencore Finance presentó el arbitraje de inversiones en julio de 2016, alegando que durante diez años había intentado el diálogo con el Gobierno para acordar una compensación de manera infructuosa. El arbitraje se presenta en el marco del tratado de protección de inversiones suscrito entre Bolivia y Gran Bretaña bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en las instalaciones de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París.
El procedimiento se desarrolla en dos fases: primero, la fase de responsabilidad y jurisdicción, la que nos ocupa, y en segundo lugar la fase de cuantificación, en caso que el tribunal se declare competente será discutida en un momento posterior.
Tribunal del arbitraje
Los árbitros del procedimiento son: el mexicano Ricardo Ramírez Hernández (presidente), el estadounidense John Y. Gotanda (designado por la demandante) y el franco-británico Philippe Sands (designado por la demandada).
Representantes de las partes
Glencore: Nigel Blackaby, Noiana Marigo, Natalia Zibibbo, Guadalupe López, Juan Pedro Pomés, Jean-Paul Dechamps y Giulia Previti (Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP).
Bolivia: Pablo Menacho Diederich, Ernesto Rossell Arteaga, Marco Ergueta Flores (Procuraduría General del Estado); y Eduardo Silva Romero, José-Manuel García Represa, Maria Claudia Procopiak, Álvaro Galindo, Juan Felipe Merizalde (Dechert LLP).
