Ayer, 7 de septiembre, comenzaron las audiencias del arbitraje que mantienen la minera canadiense Bear Creek y el gobierno de Perú en el conflicto por la explotación de la mina Santa Ana. Según anunció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión, Ciadi, las audiencias, celebradas en la sede del Ciadi en Washington y que se desarrollarán del 7 al 14 de septiembre, son públicas y se puede acceder a ellas vía Internet.
Según comunicado de Bear Creek , testigos y expertos de ambas partes darán testimonios orales y serán interrogados por el abogado de la parte contraria. El Tribunal del arbitraje -presidido por el alemán Karl-Heinz BÖCKSTIEGEL y como árbitros, el australiano Michael C. Pryles y el franco-británico Philippe Sands– también tendrá la oportunidad de emitir preguntas.
Tras las audiencias, el Tribunal pedirá memoriales en defensa de sus posiciones a las partes, tras los que oficialmente cerrará el procedimiento y comenzarán las deliberaciones, por lo que se prevé que el arbitraje sea resuelto en la segunda mitad de 2017.
A través de su comunicado de prensa, Bear Creek confía en un laudo a su favor pues considera que fue tratada injustamente por el Gobierno de Perú, que no le dio la oportunidad de defender sus derechos en el proyecto de explotación de la mina Santa Ana ante la emisión del Decreto Supremo No. 032.
El Gobierno de Perú, por su parte, considera que el decreto de expropiación estuvo justificado por “la violación constitucional de Bear Creek y en el marco de una situación social de violencia extrema que se venía desarrollando en Puno“, según declaraciones de Rosario del Pilar Fernández Figueroa, ministra en 2011 durante el Gobierno del presidente Alan García.
