El Consejo de Estado de Colombia ha suspendido el laudo que concedía a la concesionaria Hidroituango 781.000 millones de pesos (19 millones y medio USD) por los incumplimientos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el contrato de concesión para la construcción de la Central Ituango, en Antioquía. EPM presentó un recurso contra el laudo que el órgano colombiano finalmente revisará.
El consorcio CCC Ituango lo forman las constructoras Conconcreto, Camargo Correa Infra y Coninsa Ramón H. En la financiación de este megaproyecto también están involucradas compañías españolas como BBVA o Banco Santander.
El arbitraje fue administrado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín, y se produjo tras el derrumbe de un túnel auxiliar para desviar el río Cauca, mientras se procedía a la construcción de la hidroeléctrica. El accidente tuvo lugar el 28 de abril de 2018 y provocó la desaparición de varias poblaciones y los desplazamientos de aquellas que aún no habían sido evacuadas.
El tribunal, formado por Ruth Stella Correa Palacio (presidenta), Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Fernando Pabón Santander, resolvió, en diciembre de 2023, condenar a EPM por incumplimientos de una serie de hitos contenidos en el contrato.
EPM presentó un recurso de anulación contra el laudo en abril y ahora el Consejo de Estado ha admitido la propuesta por lo que el laudo quedará suspendido (ver “Suspenden fallo que obligaba a EPM pagar $781.000 millones a la sociedad Hidroituango“, Jacobo Betancur Peláez, El Colombiano, 23.07.2024).
El arbitraje
El derrumbe de un túnel auxiliar para desviar el río Cauca, mientras se procedía a la construcción de la hidroeléctrica Ituango, tuvo lugar el 28 de abril de 2018. Para evitar una tragedia de magnitudes importantes el desvío provisional del río Cauca se corrigió para que volviera a su cauce natural, lo que provocó enormes pérdidas. A ello se unió otra contingencia relacionada con el destaponamiento de uno de los túneles seguido de una fuerte crecida sobre diversas poblaciones que fueron evacuadas, provocando el abandono de ganado, entre otros.
Todo se agravó con el peligro de rotura de la presa, la posible avalancha de agua y la época de lluvias. Las pruebas como cierre de compuertas de la presa no carecían de riesgos, ya que el cauce del río se reduciría notablemente, en febrero de 2019, este hecho provocó el secado total del río acompañado del desastre ecológico.
