Las demandas de arbitraje anunciadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en relación a la presa de Hidroituango son dos: una de 2,8 billones de dólares contra el consorcio constructor y otra de 1,6 billones de dólares contra las aseguradoras del proyecto, entre las que se encuentra Mapfre.

En un comunicado, EPM explica que: “Con ocasión de la contingencia del 28 de abril del 2018 el Grupo EPM tenía la obligación de promover las acciones legales o solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación dentro de los de los 2 años siguientes a la fecha citada, para obtener el resarcimiento de los perjuicios. Este plazo fue extendido por normas de la emergencia económica hasta el 12 de agosto de 2020.”

Aunque optaron por la conciliación prejudicial llamando a todas las partes involucradas incluidas las compañías de seguros Suramericana, Chubb Seguros y Mapfre, “al concluir el plazo improrrogable de los cinco meses otorgados por la ley para la ocurrencia de la conciliación prejudicial, se declaró surtida la misma sin obtener el resarcimiento esperado, especialmente de la compañía Mapfre.”

Y añade que: “Es importante mencionar que dicha aseguradora ha reconocido la cobertura del evento y lo ha ratificado en el marco de las audiencias de conciliación. Sin embargo, aún continuamos trabajando en la determinación de los montos indemnizables a los ojos de las condiciones del seguro, partiendo del hecho que el presente siniestro es el más grande a nivel mundial en materia de Todo Riesgo Construcción y Montajes, y por tanto es objeto de estudio y revisión por todo el mercado asegurador.”

Al no llegar a una cifra en el proceso de conciliación prejudicial, EPM busca avanzar “en el proceso de ajuste técnico hasta lograr la indemnización de las pérdidas en el marco del contrato de seguros suscrito con la compañía Mapfre.”

El martes 12 de enero se presentaron las demandas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia: “En el caso de los consorcios por $9,9 billones de pesos, y ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, partiendo de la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros, por un monto de $5,5 billones de pesos.”

El consorcio CCC Ituango, formado por Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H, anunció ya su intención de recurrir al arbitraje internacional, ante la propia Cámara de Comercio de Medellín.

La presa Hidroituango

En la financiación de este megaproyecto también están involucradas otras compañías españolas como BBVA o Banco Santander (ver “Empresas españolas financian una hidroeléctrica colombiana con errores de construcción“, J. Marcos, Mª Ángeles Fernández, Público, 02.02.2020).

El proyecto no está exento de polémica y desde su inicio moviminetos como el de Ríos Vivos han denunciado la ofensa ambiental y social que representa, además de la afrenta contra los derechos humanos. Este proyecto representa el 17% de la generación de energía del país.

El evento del 28 de abril

El derrumbe de un túnel auxiliar para desviar el río Cauca mientras la construcción de la hidroeléctrica tuvo lugar el 28 de abril del 2018 y provocó la desaparición de varias poblaciones y los desplazamientos de las gentes que aún no habían sido evacuadas.

Para evitar una tragedia de magnitudes importantes el desvío provisional del río Cauca se corrigió para que volviera a su cauce natural, lo que provocó enormes pérdidas. A ello se unió otra contingencia relacionada con el destaponamiento de uno de los túneles seguido de una fuerte crecida sobre diversas poblaciones que fueron evacuadas, provocando el abandono de ganado, entre otros.

Todo se agravó con el peligro de rotura de la presa, la posible avalancha de agua y la época de lluvias. Las pruebas como cierre de compuertas de la presa no carecían de riesgos, ya que el cauce del río se reduciría notablemente, en febrero de 2019, este hecho provocó el secado total del río acompañado del desastre ecológico.

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