El Grupo Aval, conglomerado líder en el sector financiero en Colombia y que controla cuatro bancos del país, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) enfrentan un arbitraje en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), para definir el valor de la infraestructura Mulaló Loboguerrero, proyecto que comenzó su planificación en 2008 y fue licitado en 2013, por el que la concesionaria pide reajustar los costes.
La concesionaria pide ajustar los costes a los precios actuales de mercado. El presidente de Proindesa (parte del Grupo Aval), Alberto Mariño, en declaraciones a Bloomberg, confirmó que las partes han sometido a arbitraje la controversia, que traba un proyecto muy importante para el desarrollo industrial y comercial del Valle del Cauca, bajo administración de la CCB (ver “Grupo Aval pide en tribunales 20% más para construir 4G en el Valle del Cauca“, Daniel Guerrero, Bloomberg, 28.11.2024).
Los retrasos en el comienzo de la obra, la licencia ambiental fue concedida en 2021, y los intentos por avanzar en la obra, incluida la reciente petición de la ANI de más recursos al Gobierno de la Nación el pasado mes de agosto, se zanjaron con una negativa que parecía desembocar en la liquidación anticipada del contrato (“La encrucijada de la vía Mulaló-Loboguerrero: ¿se perderá la plata?“, El Espectador, 21.11.2024).
La concesionaria argumenta el retraso justificándolo en la tardía obtención de la licencia ambiental, en la compra de predios o en la realización de consultas previas. El paso de más de una década ha provocado que los costes de construcción hayan aumentado según la concesionaria, lo que hace necesario un reajuste de los precios que decidirá ahora un tribunal de arbitraje en la CCB.
El proyecto anunció el beneficio para dos millones y medio de habitantes en una zona de 20.000 km², a través de una obra con infraestructuras modernas que permitiría el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y el aumento de la competitividad de la región y el país. La inversión estimada eran 1,47 billones de pesos.
