Cobra Infraestructuras Hidráulicas SA (del Grupo ACS) pidió en un juzgado federal de Florida (EE.UU.) que niegue la petición de suspensión de la demanda de anulación de un arbitraje que le condena a pagar, a las italianas Societá Esecuzione Lavori Idraulici SpA y subsidiaria Seli Obras Subterráneas, 23,1 millones de dólares.
Cobra fue condenada por rescindir un contrato con la italiana relacionado con la construcción de un túnel en una obra hidráulica en Guatemala. Sin embargo, tras el fallo del tribunal del arbitraje, administrado por la Cámara de Comercio Internacional, las italianas admitieron un posible error en el laudo en el que no se había tenido en cuenta la eliminación de la demanda de Seli, durante una audiencia, de 5 millones de dólares en daños y perjuicios.
A principios de octubre, Seli recibió la notificación de la Cámara de Comercio Internacional de que el tribunal revisaría su petición sobre la adjudicación indebida en próximas sesiones (ver “Builder Opposes Stay In Bid To Toss $23M Arbitration Award“, Nathan Hale, Law360, 20.10.2017), por lo que la italiana solicita que no se revise el asunto hasta tener respuesta del tribunal.
La defensa de Cobra corre a cargo del despacho Baker & McKenzie, mientras que Seli es representada por los despachos Chaffetz Lindsey LLP y Rasco Klock Perez & Nieto PL.
Los proyectos hidráulicos en Guatemala, foco de conflictos, no solo en tribunales internacionales
El conflicto por el túnel relacionado con el arbitraje entre Cobra y la italiana es una de las consecuencias de los proyectos hidráulicos del grupo español en Guatemala.
Renace es un proyecto de construcción de centrales hidroeléctricas que ha recibido presiones y protestas por su impacto medioambiental en los ecosistemas de diferentes comunidades indígenas, que acusan a las obras de secar el cauce de sus ríos y dejarles sin agua (ver “Protestas en Guatemala contra hidroeléctricas que construye Florentino Pérez“, EFE Verde, 21.02.2017).
Estos proyectos, asimismo, han sido el centro de informes como “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala“, Antonio Rodríguez Carmona y Elena de Luis Romero, que analizan casos como el liderado por Cobra y otros como el de Ecoener-Hidralia, denunciando los conflictos ambientales y sociales, y la vulneración de derechos humanos y medioambientales a los que se ven expuestos países como Guatemala ante la apertura a la inversión extranjera sin garantías.
Los diversos grupos de presión claman por “reforzar de forma urgente el marco legal para ejercer un control efectivo sobre las empresas nacionales y transnacionales y garantizar el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos, el acceso a la tierra y a los recursos naturales” (ver “Una investigación expone el conflicto social y ambiental de la industria hidroeléctrica en Guatemala“, Tierra.org, 07.10.2017).