El pasado 21 de diciembre, un juzgado del distrito estadounidense de Colorado recibió, por parte de Cementos de Chihuahua (GCC) y de Compañía de Inversiones Mercantiles SA (Cimsa) una moción para terminar el procedimiento en base a que ambas compañías habrían llegado a un punto en sus discusiones para el arreglo de sus diferencias a través de la mediación de la Oficina de Mediación del Décimo Circuito.

En 2015, un laudo condenó al grupo mexicano Cementos de Chihuahua al pago de más de 36 millones de dólares en un conflicto que se remonta a 2011, cuando Cimsa inició el arbitraje contra Grupo Cementos de Chihuahua por la venta de sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (mayor cementera boliviana) a Consorcio Cemento del Sur de Perú.

Cimsa alegaba que poseían un acuerdo de compra con preferencia a favor de los socios bolivianos, mientras que GCC mantenía que la oferta realizada por la boliviana sobre el paquete de acciones no cumplía lo establecido en el acuerdo de accionistas.

Ahora la cementera y Cimsa intentan resolver su disputa a través de mediación. Ambas compañías solicitaron al juzgado de Colorado que suspenda la apelación de una decisión del tribunal de distrito de septiembre que ordenó a Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) hacer frente a la obligación de enfrentar más de 50 millones de dólares, monto aumentado por concepto de intereses. Ambas partes han acordado entrar en una mediación administrada por la Oficina de Mediación del Décimo Circuito.

 

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