En abril de 2013, la minera canadiense South American Silver Limited (SAS) interpuso una demanda de arbitraje contra Bolivia, en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por la nacionalización de 10 concesiones mineras en el proyecto Mallku Khota, un importante yacimiento de plata ubicado en Potosí. SAS reclamaba más de 385$ millones a Bolivia, quien alega que estas medidas fueron tomadas, en parte por el agravamiento de los enfrentamientos en la zona y las denuncias de vulneración de derechos colectivos.
Según la nota de prensa emitida por la Procuraduría General del Estado de Bolivia tras la audiencia celebrada ayer 11 de julio: “Mallku Khota desarrolló un proyecto de exploración minera durante aproximadamente dos años (desde el 2010 hasta mediados del 2012), en el norte de Potosí. Sin embargo, el proyecto exploratorio nunca entró en producción y sólo contaba con informes preliminares, cuando la empresa se vio envuelta en una serie de graves acusaciones por incumplimiento de compromisos y manipulación de las comunidades indígenas que terminaron en enfrentamientos entre pueblos indigenas orignarios campesinos.”
Bolivia toma partido por la defensa de los derechos medioambientales y humanos
Bolivia acusa a Mallku Khota de irresponsabilidad por generar “un clima social tenso por violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas originarios, desconocimiento de sus usos y costumbres, irrespeto a sus formas de autodeterminación y autogobierno, así como afectaciones al medio ambiente.”
El gobierno boliviano alega que el proyecto minero se encontraba “en una región de delicado equilibrio medioambiental”, por lo que el proyecto minero corría el riesgo de “provocar un desequilibrio del sistema hidrográfico en la zona, considerada como sagrada por la existencia de fuentes de agua, criaderos de trucha y existencia de lagunas que distribuyen agua a más de 30 comunidades.”
