Ayer finalizaron las audiencias en el procedimiento de anulación instado por Bolivia del arbitraje con la minera chilena Quiborax que en septiembre de 2015 recibión un laudo a favor que condenaba al Estado boliviano a indemnizarla con más de 48 millones de dólares por la expropiación de once explotaciones mineras en 2004, durante la administración de Carlos Mesa Gisbert.
Según comunicado del Gobierno boliviano en su alegato, el equipo de defensa del Estado boliviano, acusó al tribunal arbitral que emitió el Laudo de actuar “bajo una concepción subjetiva y parcializada en relación al tratamiento del caso”.
En la información también se indica que Pablo Menacho, procurador general del Estado, manifestó que: “La solicitud de anulación que ustedes deben dirimir se fundamenta en graves violaciones a normas de procedimiento, en un manifiesto prejuzgamiento de Bolivia, en una clara extralimitación de facultades del Tribunal Arbitral y, fundamentalmente, en la falta de motivación del Laudo que devino en absoluta arbitrariedad”.
La delegación de Bolivia está formada por el procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich; el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda; el subprocurador de defensa y representación legal del Estado, Ernesto Rossell Arteaga; y el director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Franz Zubieta Mariscal. Además, Bolivia cuenta con el asesoramiento del Dechert LLP.
Apertura de audiencias
En relación con las audiencias celebradas el día anterior, 19 de diciembre, la Procuraduría General de Bolivia también dio a conocer los alegatos de apertura.
Menacho señaló que: “Las vulneraciones al debido proceso, llevaron a la emisión de un Laudo arbitral en el que una pequeña transferencia de dinero tuvo un rendimiento ¡superior a 12.000 por ciento! Esto refleja una evidente distorsión del sistema de protección de inversiones, la formalización del abuso del derecho y el establecimiento de la inseguridad jurídica como regla de actuación”.
Por su lado, Navarro Miranda explicó que: “el Estado boliviano ha demostrado con claridad y contundencia que el Laudo, en el caso Quiborax, es forzado, artificial y abusivo. Por esta razón, se espera que la acción de anulación planteada por Bolivia logre eliminar la injusta decisión del tribunal del CIADI y restablecer el orden de justicia con una demandante que violando la ley, forzó esta demanda”.
Composición del tribunal arbitral
El tribunal del procedimiento de anulación está presidido por el español Andrés Rigo Sureda y le acompañan el guatemalteco Milton Estuardo Argueta Pinto y el sueco Christer Söderlund.
El tribunal del arbitraje que administró el procedimiento y laudó a favor de Quiborax estuvo presidido por la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, acompañada del canadiense Marc Lalonde (designado por el demandante) y la francesa Brigitte Stern (designada por el demandado).
Los despachos que llevaron la defensa de las partes fueron el chileno Bofill Mir & Álvarez Jana en el caso de Quiborax y Gomm & Smith en el caso de Bolivia.
