El pasado viernes 8 de diciembre, el Estado de Bolivia manifestó, en relación al arbitraje que mantiene con Glencor Finance en la Corte Permanente de Arbitraje, que: “La demanda de Glencore por la que reclama una compensación de 675 mdd, se basa en informes periciales arbitrariamente inflados y de carácter especulativo”.
La compañía Glencore, constituida en Bermuda, interpuso una demanda de arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje el 19 de julio de 2016 reclamando una indemnización por la nacionalización del Gobierno de Evo Morales en 2007 y en 2010, de las plantas de producción de estaño y antimonio (Compañía Minera Colquiri SA) y de producción de estaño (Complejo Metalúrgido Vinto SA), propiedad de la minera.
Glencore inició el arbitraje para obtener una compensación íntegra por el daño ocasionado a sus inversiones. En su escrito de demanda, presentado el pasado 15 de agosto de 2017, la minera explica que durante diez años “intentó entablar negociaciones con el Gobierno sobre el monto de la compensación debida por estas nacionalizaciones. Sin embargo, Bolivia jamás presentó una propuesta concreta de pago. La falta de buena fe en ese proceso es evidente”.
El 18 de agosto, Bolivia respondió a la demandada explicando que se veía “forzada a responder a una Notificación de Arbitraje presentada bajo el más evidente abuso de proceso y manipulacióndel sistema de protección de inversiones, por parte de la Demandante”. Alega, entre otros, que “las supuestas inversiones de Glencore en Bolivia estaban sujetas a la Ley boliviana“, negando la protección de tratados bilaterales de inversiones.
En 2012, estas operaciones favorecieron a la boliviana Corporación Minera de Bolivia.
Tribunal del arbitraje y despachos intervinientes
Los árbitros del procedimiento son: el mexicano Ricardo Ramírez Hernández (presidente), el estadounidense John Y. Gotanda (designado por la demandante) y el franco-británico Philippe Sands (designado por la demandada).
Glencore está siendo representada por el despacho Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, mientras que Bolivia cuenta con Dechert LLP.
