El fondo estadounidense Blasket Renewable Invs. ha enviado una notificación prejudicial al Gobierno de España donde advierten del próximo inicio de un procedimiento de “default técnico“, suspensión de pagos que afecta a los bonos del Tesoro, contra España. El fondo estadounidense persigue que el Estado español haga frente y reconozca los laudos condenatorios en arbitrajes por las renovables.
El procedimiento se presentará ante tribunales británicos, según diferentes fuentes, antes de que acabe este verano. El fondo Blasket ya anunció en abril de 2023 esta maniobra para instar a España a llegar a un acuerdo para el pago de laudos por más de 1.000 millones de euros.
En recientes posicionamientos de España y a raíz de la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), acuerdo que invocan todos los arbitrajes que reclaman los perjuicios del cambio de normativa instado por el Gobierno español y que afectó a las plantas de generación de energía renovable entre 2010 y 2014, se argumenta que un nuevo acuerdo entre la Unión Europea, EURATOM y 26 Estados de la UE confirma la creencia de esas entidades de que el TCE “no puede y nunca podría” permitir el arbitraje intracomunitario (ver “Response to Spain’s Federal Rule of Appellate Procedure 28(j) Letter – 18 juil. 2024“, 9REN Holding S.a.r.l v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/15/15, Fuente: Jus Mundi).
Para los acreedores, el anterior acuerdo es irrelevante y España aceptó “incondicionalmente” arbitrar con inversores de los Estados miembros, sin excepciones para los litigios intracomunitarios y, por otro lado, un acuerdo interno a la UE, como este nuevo, no puede anular los términos del TCE ni invalidar retroactivamente un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
España suma numerosos laudos en contra que han agotado todas las instancias de apelación. Sin embargo, también se cuentan algunas victorias, concretamente en Suecia, donde sus tribunales han anulado algunos laudos. El último, el de Foresight, GWM Renewable Energy y Greentech Energy (actualmente Athena), proceso en el que la Corte de Apelaciones de Svea concluyó que confirmarlo sería “manifiestamente incompatible con el orden público del ordenamiento jurídico sueco.”
El tribunal sueco se apoyó en las sentencias Achmea y Komstroy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y a que un laudo de este tipo entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro, dictado sobre la base de una cláusula compromisoria contenida en un tratado internacional de inversión, puede considerarse dictado ilegalmente, ya que es incompatible con las normas y principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico en la Unión Europea y, por tanto, también en Suecia.
