La seión “Jueces y Arbitraje: Un bien necesario. El TC y el TSJ” enmarcada en el Open del Arbitraje 2021 debatió sobre las últimas tres sentencias publicadas en España en relación al grado de control de la motivación de los laudos arbitrales por los tribunales jurisdiccionales. Para Bernardo Cremades, Árbitro y Socio Fundador de B. Cremades & Asociados, el debate actual entre magistrados y árbitros es bueno, pero las partes necesitan realidades y procesos que no se demoren tanto.

Se desprendió del debate que el Tribunal Constitucional en sus últimas sentencias es contundente y consagra la verdadera voluntad de las partes, ya que se ampara en el artículo 10 de la Constitución en el ámbito del derecho privado y mercantil y no en el artículo 24 sobre la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, en la sentencia 17/2021 llega a decir que el arbitraje no es una especie de sucedáneo jurisdiccional, sino que es una institución que se la basa en la autonomía de la voluntad de las partes.

La sesión estuvo moderada por Eduardo Villellas, Socio del área de Procesal, Mediación y Arbitraje de Deloitte, y contó con los ponentes: Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrado del Tribunal Constitucional, Pascual Sala Sánchez Socio de RocaJunyent, Celso Rodríguez Padrón, Presidente del TSJ de Madrid, y Bernardo Cremades.

Para Bernardo Cremades: “es clave reconocer que se han producido errores, pero mientras los Magistrados están en el ámbito abstracto, los abogados de parte en un arbitraje están en la realidad. Y un ejemplo es el arbitraje de la familia Larios.”

Recordemos que este arbitraje comenzó en 2014 y terminó el pasado 15 de febrero de 2021 cuando el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo del despacho de abogados B. Cremades y Asociados interpuesto en julio de 2018 contra la sentencia nº 1/2018 de 8 de enero de 2018 de la de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba un laudo dictado en un arbitraje en equidad, al considerar que el laudo no se encontraba suficientemente motivado por el árbitro.

Y se sigue preguntando Cremades: “Pero, ¿ha finalizado realmente esta controversia? Pues no. El día anterior a reunirse con el liquidador de la sociedad Mazacruz, ya que el laudo dictado por el árbitro Rafael Jiménez de Parga declaraba, la disolución y apertura de liquidación de la sociedad, un juzgado de Albacete paraliza todo argumentando que la sociedad está domiciliada allí y que había una urgencia por cuanto el TSJ había confirmado un laudo disolviendo la sociedad.”

En palabras del árbitro internacional y criticando la demora en los procedimientos: “Esto es intolerable para el arbitraje y podría paralizar el proceso otros tres o cuatro años, con una fianza de 30.000 euros, una cifra irrisoria para una empresa de estas características, que factura un millón de euros al mes.”

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