El pasado 22 de abril, España solicitó ante un tribunal del Distrito de Columbia (EE.UU.) que desestime la petición de la compañía Masdar Solar and Wind Cooperatief de Emiratos Árabes Unidos de confirmar el laudo de 64,5 millones de euros por falta de jurisdicción.
España ha presentado ante el tribunal federal del Distrito de Columbia a rechazar la petición de la compañía de energía renovable Masdar que pretende confirmar el laudo, argumentando que no había un acuerdo válido entre las partes para que la disputa sobre el precio de la energía solar fuera llevada a arbitraje.

La defensa de España ha contado con el apoyo del testimonio de Stephen Hindelang, quien ya ha participado a favor de España en otros arbitrajes similares como Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L., and Energia Termosolar B.V. (Antin) v. Kingdom of Spain, Eiser Infrastructure Limited and Energía Solar Luxembourg S.à r.l. v. Spain o Novenergia II v. Spain.

Hindelang aporta su testimonio sobre la compatibilidad del arbitraje inversor-Estado y el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con la legislación de la Unión Europea (UE), después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en relación con Achmea.

Sobre Stephen Hindelang

Hindelang es experto legal y consultor para el Parlamento Europeo; experto legal para el Deutsche Bundestag (Parlamento Federal Alemán); para el Hessischer Landtag (Parlamento del Estado de Hesse); para el Gobierno Federal Alemán, es decir, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía; para el Gobierno de Eslovaquia; para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra; y otros sobre asuntos de regulación de la inversión extranjera.

Sobre el arbitraje Masdar España

El Tribunal de Distrito de Columbia registró el 28 de septiembre de 2018 la petición de confirmación del laudo de 64,5 millones de euros que Masdar Solar & Wind Cooperatif U.A., representado por John Roberti del despacho Allen & Overy, LLP, pedía ejecutar contra España. El arbitraje fue administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y finalizó en mayo del año pasado, aunque el procedimientos se mantiene abierto ante la petición de España de «Rectificación».

 

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