Ayer, 18 de septiembre de 2018, el tribunal, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), encargado del arbitraje David Aven y otros contra Costa Rica, desestimó la reclamación y ha laudado en favor del país centroamericano condenando a los demandantes al pago de los honorarios y gastos de árbitros, así como gastos administrativos y gastos directos del arbitraje que ascienden a más de dos millones de dólares.
Contexto del arbitraje
El conflicto surge de la inversión efectuada por los demandantes, propietarios de parcelas que abarcan 37 hectáreas de la Costa del Pacífico Central en Costa Rica, así como del proyecto turístico “Las Olas” que pretendían desarrollar iniciando actividades de venta y comercialización de lotes tras haber recibido los permisos del Gobierno costarricense.
Las inspecciones realizadas posteriormente por el Gobierno identificaron humedales y terrenos forestales protegidos por la Ley costarricense; y David Aven fue denunciado por violación de la legislación ambiental de Costa Rica.
La demanda, a través de la que se reclamaban alrededor de 100 millones de dólares, se notificó en enero de 2014 invocando el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-América Central, CAFTA-DR, y a administrarse bajo Reglamento de arbitraje de la Cnudmi (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).
Costa Rica alegó la protección del medio ambiente sustentada en virtud de las leyes locales aplicables; posteriormente alegaría falta de jurisdicción sobre las fincas del Proyecto turístico Las Olas y del sitio de la concesión (con acceso directo al mar), cuya titularidad no es de las demandantes.
El laudo
El tribunal en el laudo expone, entre otros, que las Demandantes incluyeron en la notificación de arbitraje 67 lotes de titularidad ajena, lo que ocasionó perjuicios a la demandada; asimismo “carecieron de transparencia en su desarrollo de Las Olas. Actuaron en aras de evitar la exhibición de las características del terreno que podrían perturbar su negocio”.
En relación con los méritos del caso, el tribunal determina: “que la Demandada no ha incumplido sus obligaciones en el marco del DR-CAFTA“, y concluye que no se les adeuda a las Demandantes una indemnización por daños ni otro resarcimiento.
Desestimada la demanda de Costa Rica sobre reparación de daño ambiental
El tribunal desestima la Reconvención, demanda separada de Costa Rica sobre la reparación del daño causado al ecosistema, por no cumplir con los requisitos de los Artículos 21 y 20 del Reglamento de Arbitraje de la Cnudmi:
- “No existe una exposición precisa de los hechos que sustenten las reclamaciones, sino una referencia a informes periciales adjuntos a esos escritos de parte.
- No existe una especificación de la reparación que pretende sino en términos muy generales, y la cuantificación es muy aproximada, basada únicamente en la experiencia personal de un perito en lugar de en un método preciso de valoración.
- Además, la prueba que Costa Rica ha mencionado se diluye en su contestación de la demanda, sin especificar de manera clara y precisa los hechos que han de probarse dentro de la reconvención, en particular, la prueba de que las Demandantes son las causantes de todos los daños ambientales.”
Costas y tribunal
En relación con las costas resuelve que los Demandantes paguen los honorarios y gastos de árbitros, así como los gastos administrativos del Ciadi que ascienden a más de dos millones de dólares. Siendo que tales costos fueron afrontados en partes iguales por las partes mediante adelanto al Ciadi, el tribunal ordena a los demandantes al pago de más de un millón de dólares a Costa Rica correspondientes al adelanto de la demandada al Centro.
El tribunal del procedimiento está formado por el mexicano Eduardo Siqueiros (presidente), el estadounidense C. Mark Baker (designado por los demandantes) y el venezolano Pedro Nikken (designado por la demandada). Los despachos encargados de la defensa son Vinson & Elkins y Todd Weiler (Ontario, Canadá) en el caso de David Aven y otros y Herbert Smith Freehills New York LLP (New York, USA) en el caso de Costa Rica.
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