El tribunal del arbitraje Astrida Benita Carrizosa v. Colombia se ha declarado sin jurisdicción para resolver la demanda de arbitraje de inversiones en el procedimiento sobre la intervención del banco Granahorrar, en el que la demandante reclamaba a Colombia 40 millones de US dólares.

El 19 de abril de 2021, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia comunicó la decisión del tribunal de arbitraje presentado por Astrida Benita Carrizosa contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por la intervención de la entidad finaciera Granahorrar.

Además, la demandante tendrá que hacer frente a las costas del arbitraje y a los gastos de representación de Colombia.

Según la información, publicada en la web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: “La demandante pretendió cuestionar las medidas regulatorias adoptadas en 1998 por la Superintendencia Bancaria y FOGAFIN, consistentes en ordenar la capitalización de Granahorrar y la consecuente reducción del valor de las acciones. También pretendió cuestionar las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en los años 2011 y 2014 en relación con dichas medidas.

Para el Tribunal, los hechos expuestos por la demandante ocurrieron antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos de América (APC), y la demandante no cumplió con el límite de tiempo establecido por en el Acuerdo para presentar la reclamación, por lo que prescribió.

Otro arbitraje relacionado con la misma disputa

En el comunicado, se hace referencia al otro arbitraje que mantiene Colombia en relación al mismo conflicto: el de los hermandos Carrizosa administrado por Corte Permanente de Arbitraje (CPA).

El 24 de enero de 2018, los hermanos Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa Gelzis, interpusieron una demanda de arbitraje reclamando 323 millones de dólares, bajo reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) e invocando el Tratado Libre de Comercio Colombia-Estados Unidos.

En este arbitrajes se reclama (según el comunicado):

“La capitalización de Granahorrar por parte de Fogafin en octubre de 1998, y la consecuente orden de reducción nominal de cada acción de Granahorrar a un centavo. Previamente, la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera), en octubre de 1998, declaró la cesación de pagos de Granahorrar y le ordenó proceder con su capitalización inmediata, lo cual no ocurrió.

La Sentencia SU-447 de 2011 de la Corte Constitucional, mediante la cual dejó sin valor y sin efectos jurídicos la Sentencia del Consejo de Estado, proferida el 1 de noviembre de 2007, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa decisión el Alto Tribunal de lo contencioso administrativo revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 27 de julio de 2005, por la cual confirmó la legalidad de las medidas adoptadas por Fogafin y por la Superintendencia Bancaria en el caso Granahorrar.

Auto de la Corte Constitucional de 2014 confirmando el contenido de la Sentencia SU-447 de 2011.”

Intervención de Granahorrar

En octubre de 1998, el Gobierno colombiano de Andrés Pastrana intervino la corporación financiera Granahorrar por problemas de liquidez y cese de pagos a proveedores, producto de la crisis inmobiliaria vivida en Colombia a finales de los 90. Los demandantes acusan al Estado de irregularidades en el proceso de intervención y, entre otros, consideran que nunca se verificó la insolvencia del banco ni se les notificó la decisión.

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