El 27 de julio, los representantes de Antin presentaron una petición ante un tribunal estadounidense para hacer cumplir el laudo de más de 112 millones de euros al que fue condenada España el 15 de junio de 2018 tras un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

Después de que España presentara la solicitud de rectificación ante el Ciadi, registrada por el organismo del Banco Mundial el pasado 25 de julio, el fondo Antin, representado por la firma Gibson, Dunn & Crutcher ha presentado ante un tribunal del Distrito de Columbia (EE.UU.) la solicitud para proceder a la confirmación del laudo que obligaría a España a indemnizar a Antin con 112 millones de euros.

Las peticiones han sido presentadas por Energia Termosolar B.V. e Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L., anterior Antin.

El arbitraje Antin vs. España

El fondo Antin que presentó la demanda a finales de 2013, invocando el Tratado de la Carta de la Energía, reclamaba 218 millones de euros, que el tribunal finalmente redujo casi a la mitad.

Las reclamaciones de las compañías luxemburguesa y holandesa se produjeron tras las diversas reformas energéticas emprendidas por el Gobierno español que afectaron al sector de las energías renovables, incluido un impuesto del 7% sobre los ingresos de los generadores de energía y una reducción de los subsidios para los productores de energía renovable (ver Investment Policy Hub Antin v. Spain).

El tribunal del arbitraje lo formaron el colombiano Eduardo Zuleta(presidente), el chileno Francisco Orrego Vicuña (designado por las demandantes) y el canadiense J. Christopher Thomas (designado por España).

La defensa de las demandantes la llevaron las oficinas en Londres de Allen & Overy y Jeffrey Sullivan, mientras que la de España ha sido enfrentada por la Abogacía General del Estado.

España pide invalidar la cláusula invocando el TCE

El Estado español requirió recientemente que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) determine si la cláusula de arbitraje invocando el Tratado de la Carta de la Energía es inválida, en virtud de la sentencia en el caso Achmea.

El pasado 19 de julio, la Comisión Europea emitió una comunicación para proveer orientación sobre las normas existentes para la protección de inversiones transfronterizas de la UE. En este documento se ratifica la incompatibilidad del arbitraje inversor-Estado con su legislación cuando se trata de inversiones intracomunitarias, así como la aplicación del Tratado de la Carta de la Energía y el rechazo a los TBI entre Estados miembros.

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