Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La compañía canadiense Almaden Minerals ha anunciado que recurrirá a arbitraje contra México en virtud del Acuerdo de Asociación Transpacífico (CPTPP). La minera, junto a Almadex Minerals, reclamará 200 millones USD.

La decisión se produce después de una reunión de consulta celebrada con funcionarios mexicanos el 30 de mayo de 2024 que no dio lugar a una resolución amistosa. Almaden iniciará su reclamación tras la expiración del período de consulta de seis meses, contemplado en el CPTPP, que comenzó el 14 de diciembre de 2023.

Uno de los requisitos para someter una reclamación a arbitraje en virtud del CPTPP es que la empresa renuncie a sus derechos a continuar la acción legal en los tribunales nacionales, por lo que, Almaden retirará su reclamación abierta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otros procedimientos que impugnan las decisiones de México con respecto a las reclamaciones de la minera.

El arbitraje será presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El arbitraje será presentado por Almaden y Almadex Minerals.

La controversia

La controversia surge en relación con la inversión de las canadiense en el proyecto Ixtaca. Almaden denuncia la violación de México de sus obligaciones de protección de las inversiones:

  • la declaración de nulidad de los títulos mineros del Proyecto por parte de la Secretaría de Economía de México;
  • la reevaluación por parte de Economía de las solicitudes originales de los títulos mineros, considerándolas deficientes e inviables, contradiciendo su posición anterior y violando el derecho de la Empresa y de su filial (Almadex) a modificarlos o complementarlos; y
  • el retraso y posterior negativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México a expedir el Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto.

Ixtaca, ubicado en Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, México, es un polémico proyecto de minería a cielo abierto, de oro y plata, bajo la lupa de organizaciones que defienden a las comunidades locales y que denuncian daños y violaciones a los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud.

Las comunidades locales se han mantenido en contra de la mina desde hace años y organizaciones como Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, Cesder, Imdec, Fundar y el Consejo Tiyat Tlali han apoyado la oposición.

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